Dos exministros y dos exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) fueron absueltos por un tribunal de Panamá en un caso de supuesto peculado de 44,9 millones de dólares en la compra de comida deshidratada para escolares, informó este martes el Órgano Judicial.
La sentencia absolutoria fue dictada por el juez Decimoquinto Penal, Leslie Alberto Loaiza, en audiencia ordinaria dentro del proceso denominado "comida deshidratada", en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
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El juez absolvió a los exministros de Educación Lucy Molinar, y de Obras Públicas Federico José Suárez; al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli y al exdirector de Nutrición de esa entidad Ángel Antonio Famigletti; y también al empresario Rubén Antonio De Ycaza Arias, propietario de LerkShore International Limited, proveedora de los alimentos.
El fiscal del caso, Adecio Mojica, anunció el recurso de apelación de la sentencia, señaló en un comunicado el Órgano Judicial (OJ).
Pasaron la página
Molinar reaccionó al conocer el fallo y en sus redes sociales dijo este martes que el Ministerio Público no aportó documentos, testigos ni pruebas: "No hay culpables, no hay delito".
En el acto judicial se dictó la prescripción del delito de fraude en actos en contrataciones públicas, solicitud que fue hecha por el fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público, de acuerdo con la información judicial.
En noviembre de 2015, el Ministerio Público pidió el enjuiciamiento de nueve personas imputadas por el caso de la comida deshidratada, entre ellos Adolfo "Chichi" de Obarrio, exsecretario privado de Martinelli.
De Obarrio nunca ha comparecido por encontrarse fuera del país y sin paradero conocido.
En ese entonces la Fiscal Segunda Anticorrupción Vielka Broce solicitó el llamamiento a juicio en la audiencia preliminar del caso realizada en el Juzgado Décimoquinto Penal, a cargo de Loaiza, por peculado, corrupción, fraude en contrataciones públicas y estafa.
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El extinto PAN es el epicentro de varias investigaciones por supuesta corrupción y uno de sus directores, Rafael Guardia, confesó los delitos y fue condenado por la Justicia panameña a cinco años de cárcel y a devolver al Estado 30 millones de dólares.
