La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio a conocer a través de un comunicado que como garante del buen uso de los recursos del Estado luego de una exhaustiva inspección y verificación de los siguientes proyectos: el muelle del puerto de la Isla de Taboga, el muelle de puerto Panamá y la construcción del Centro de Orientación Infantil (COIF) de la Autoridad Marítima de Panamá, le ha solicitado a Contraloría General de la República que los mismos sean auditados, ya que es inaceptable que se incumplan con los contratos establecidos o se entreguen los bienes con evidentes deficiencias, lesionando el erario público.
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Es importante resaltar que el monto total de estos tres (3) proyectos superan la suma de 1 millón 879 mil 805 dólares, los cuales fueron adjudicados en la administración anterior al consorcio “THM Consulting, S.A.”, conformado por las empresas Thelmar Panamá, S.A. Y Consulting Desing Development And Engineering, S.A.”, llegando incluso a cobrar anticipo.
Producto de las inspecciones realizadas por el personal técnico y el personal de Auditoria Interna de la institución, fueron detectadas diversas irregularidades, entre ellas múltiples defectos de construcción, motivo por el cual no se ha podido hacer uso y gozo de la cosa pagada.
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"Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de las deficiencias, giramos las respectivas notas a los entes fiscalizadores, ratificando nuestra responsabilidad al comunicarles los diversos hallazgos encontrados y solicitándoles que emitieran su criterio, para evitar un posible perjuicio al Estado", resaltó la entidad.
Los tres (3) proyectos mencionados, en base a Ley 32 de 8 de noviembre de 1984. “Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir y fenecer las cuentas relativas a estos”, han sido remitidos a la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, para solicitarle que se ejecute una auditoría de cumplimiento, para obtener certeza que los antecedentes analizados y las operaciones se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas.
