Ciudad de Panamá/EFE
Cuando faltan tres días para que la obras de la ampliación del canal de Panamá puedan paralizarse, según advirtió el consorcio internacional a su cargo, la administración de la vía se prepara para hacerse cargo de la continuidad del proyecto en medio de advertencias sobre el efecto en la economía nacional.
Los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, contratado en 2009 con el consorcio GUPC por 3.118 millones de dólares, han disminuido cerca del 70 % en comparación con noviembre pasado, según afirmó esta semana el administrador de la vía acuática, Jorge Quijano.
La reclamación de más 1.600 millones de dólares en sobrecostes que han dejado sin liquidez al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, ha desatado el conflicto, que llegará a su punto crítico el próximo lunes, fecha anunciada por los contratistas para parar las obras.
Jorge Quijano
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a cargo del ingeniero panameño Jorge Quijano, no reconoce el monto de costes extraordinarios, entre otras razones porque le parece "desproporcionado" exigir por ese concepto cerca del 50 % del costo establecido en el contrato.
Quijano sostiene desde el primer momento que las reclamaciones económicas deben hacerse a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato, algo en lo que también han coincidido en la última semana los contratistas, aunque con el aviso de que tardan más que la ejecución de las obras.
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha defendido como "justas" las reclamaciones y también ha mostrado en las negociaciones iniciadas el pasado 7 de enero el compromiso e interés de esa empresa de seguir con el proyecto, según ha reconocido el propio Quijano.
Pero la ACP también contempla la peor de las posibilidades y ya se ha reunido con contratistas que no pertenecen al GUPC pero que han trabajado en el Canal y que serían la opción para continuar los trabajos si el consorcio que actualmente los tiene a su cargo los abandona.
Trabajos de Ampliación del Canal.
El martes próximo está prevista una reunión de la ACP con aseguradora Zurich International, que tiene la fianza por 600 millones de dólares del contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal, y que es la primera opción para continuar las obras en caso de que GUPC las suspenda.
Quijano ha explicado que el contrato establece que en caso de que el consorcio suspenda las obras, las puede ser asumir directamente la aseguradora o puede pagar la fianza a la ACP, que tomaría el control y, a través de subcontratistas, terminaría el proyecto.
Entre lunes y martes próximo "habrá decisiones de una manera u otra", ya que no está entre los planes de la ACP que el proyecto esté detenido "tres o cuatro meses", dijo ayer Quijano.
El administrador también ha sostenido encuentros con miembros de la Junta Asesora, integrada por responsables del transporte y el comercio marítimo mundial, para explicarles la situación y sus planes para garantizar el fin de las obras de ampliación en un plazo razonable.
Recientes reuniones para afrontar soluciones.
Quijano ha sido cauteloso con la cifras: ha dicho que la ACP tiene acceso a cerca de 1.500 millones de dólares para finalizar las obras, que inevitablemente se retrasarán, aunque se buscaría un esquema de trabajo que permita no llevarlas más allá del 2015.
La construcción del tercer juego de esclusas comenzó en el 2009 y se esperaba que finalizara en octubre de 2014, pero ya antes del actual conflicto el consorcio informó de un retraso de nueve meses, hasta junio de 2015.
En Panamá nadie duda que la ACP llevará a buen puerto el proyecto de ampliación, pero los tiempos y costes adicionales derivados del conflicto centran el interés de todos los sectores, incluido el político, precisamente en un año electoral.
El vicepresidente panameño y candidato presidencial opositor, Juan Carlos Varela, ha dicho este viernes que el conflicto en la ampliación obligará al nuevo Gobierno que será elegido en mayo próximo a mantener la disciplina fiscal.
Varela argumentó que el conflicto va a retrasar la culminación de la obra, lo que a su vez significará que el proyecto "costará más" y los nuevos ingresos por peajes también tardarán más en llegar.
La ACP, que ha dicho que ya pagado 180 millones de dólares por sobrecostes para la construcción de las nuevas esclusas, un 6% del valor contratado, había calculado que los ingresos generados por la ampliación permitirían recuperar los costos de inversión iniciales en menos de 10 años.
El Canal de Panamá aportó 981,8 millones de dólares al Estado en el último año fiscal, de octubre 2012 a septiembre 2013, un 2,2 % más de los que se había presupuestado para ese período.
En los 14 años que lleva bajo administración panameña, la ACP ha aportado al tesoro nacional de 8.590,9 millones de dólares y ha invertido más 2.000 millones de dólares en el mantenimiento de su estructura, según los datos oficiales.
Cuando faltan tres días para que la obras de la ampliación del canal de Panamá puedan paralizarse, según advirtió el consorcio internacional a su cargo, la administración de la vía se prepara para hacerse cargo de la continuidad del proyecto en medio de advertencias sobre el efecto en la economía nacional.
Los trabajos de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, contratado en 2009 con el consorcio GUPC por 3.118 millones de dólares, han disminuido cerca del 70 % en comparación con noviembre pasado, según afirmó esta semana el administrador de la vía acuática, Jorge Quijano.
La reclamación de más 1.600 millones de dólares en sobrecostes que han dejado sin liquidez al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, ha desatado el conflicto, que llegará a su punto crítico el próximo lunes, fecha anunciada por los contratistas para parar las obras.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a cargo del ingeniero panameño Jorge Quijano, no reconoce el monto de costes extraordinarios, entre otras razones porque le parece "desproporcionado" exigir por ese concepto cerca del 50 % del costo establecido en el contrato.
Quijano sostiene desde el primer momento que las reclamaciones económicas deben hacerse a través de los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato, algo en lo que también han coincidido en la última semana los contratistas, aunque con el aviso de que tardan más que la ejecución de las obras.
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha defendido como "justas" las reclamaciones y también ha mostrado en las negociaciones iniciadas el pasado 7 de enero el compromiso e interés de esa empresa de seguir con el proyecto, según ha reconocido el propio Quijano.
Pero la ACP también contempla la peor de las posibilidades y ya se ha reunido con contratistas que no pertenecen al GUPC pero que han trabajado en el Canal y que serían la opción para continuar los trabajos si el consorcio que actualmente los tiene a su cargo los abandona.
El martes próximo está prevista una reunión de la ACP con aseguradora Zurich International, que tiene la fianza por 600 millones de dólares del contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal, y que es la primera opción para continuar las obras en caso de que GUPC las suspenda.
Quijano ha explicado que el contrato establece que en caso de que el consorcio suspenda las obras, las puede ser asumir directamente la aseguradora o puede pagar la fianza a la ACP, que tomaría el control y, a través de subcontratistas, terminaría el proyecto.
Entre lunes y martes próximo "habrá decisiones de una manera u otra", ya que no está entre los planes de la ACP que el proyecto esté detenido "tres o cuatro meses", dijo ayer Quijano.
El administrador también ha sostenido encuentros con miembros de la Junta Asesora, integrada por responsables del transporte y el comercio marítimo mundial, para explicarles la situación y sus planes para garantizar el fin de las obras de ampliación en un plazo razonable.
Quijano ha sido cauteloso con la cifras: ha dicho que la ACP tiene acceso a cerca de 1.500 millones de dólares para finalizar las obras, que inevitablemente se retrasarán, aunque se buscaría un esquema de trabajo que permita no llevarlas más allá del 2015.
La construcción del tercer juego de esclusas comenzó en el 2009 y se esperaba que finalizara en octubre de 2014, pero ya antes del actual conflicto el consorcio informó de un retraso de nueve meses, hasta junio de 2015.
En Panamá nadie duda que la ACP llevará a buen puerto el proyecto de ampliación, pero los tiempos y costes adicionales derivados del conflicto centran el interés de todos los sectores, incluido el político, precisamente en un año electoral.
El vicepresidente panameño y candidato presidencial opositor, Juan Carlos Varela, ha dicho este viernes que el conflicto en la ampliación obligará al nuevo Gobierno que será elegido en mayo próximo a mantener la disciplina fiscal.
Varela argumentó que el conflicto va a retrasar la culminación de la obra, lo que a su vez significará que el proyecto "costará más" y los nuevos ingresos por peajes también tardarán más en llegar.
La ACP, que ha dicho que ya pagado 180 millones de dólares por sobrecostes para la construcción de las nuevas esclusas, un 6% del valor contratado, había calculado que los ingresos generados por la ampliación permitirían recuperar los costos de inversión iniciales en menos de 10 años.
El Canal de Panamá aportó 981,8 millones de dólares al Estado en el último año fiscal, de octubre 2012 a septiembre 2013, un 2,2 % más de los que se había presupuestado para ese período.
En los 14 años que lleva bajo administración panameña, la ACP ha aportado al tesoro nacional de 8.590,9 millones de dólares y ha invertido más 2.000 millones de dólares en el mantenimiento de su estructura, según los datos oficiales.
