Canal de Panamá/AP
Las autoridades del Canal de Panamá calificaron el lunes como positiva la intención del consorcio que construye las nuevas esclusas de ventilar sus reclamos de sobrecostos multimillonarios dentro del contrato, aunque aclaró que la intención de suspensión de los trabajos por parte de ese grupo multinacional aún se mantiene.
El administrador del canal, Jorge Luis Quijano, anunció que el martes sostendrán una reunión con el Grupo Unidos por el Canal, consorcio liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, en lo que será el primer encuentro desde que el grupo amenazó, mediante una carta el 30 de diciembre, con paralizar la ampliación por problemas económicos y sobrecostos por 1.600 millones de dólares.
Quijano y otros directivos del canal recibieron el lunes a la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, quien viajó este fin de semana para ayudar a buscar medidas de solución al litigio, en que se ve involucrada la firma privada española. Pastor se reunió antes con representantes del consorcio y el presidente panameño Ricardo Martinelli.
``La parte buena es que la ministra nos ha mandado el mensaje de que lo que ha venido planteado la Autoridad del Canal es que se maneje todos los recursos de reclamación a través del contrato'', dijo Quijano.
Participan en una reunión con los responsables del Grupo Unidos Por el Canal (GUPC)
``Todavía queda la intención de suspensión'', agregó.
Sacyr y sus otros tres socios en el proyecto _la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A_ dieron al canal 21 días, a partir del 30 de diciembre, para alcanzar un acuerdo que le reconozca costos extraordinarios durante los trabajos que estima en 1.600 millones de dólares o de lo contrario suspenderá la obra por falta de recursos.
De acuerdo con el grupo, los sobrecostos tienen que ver con situaciones que no fueron previstas adecuadamente por las autoridades del canal durante el proceso de licitación, como lidiar con muchas más fallas geológicas en el terreno e inconvenientes con el material de basalto excavado para preparar el concreto.
Mencionan que el canal demoró meses en aprobar la calidad de la mezcla. Hace más de un año y medio, el grupo presentó un reclamo por 565 millones de dólares al canal debido a los problemas que ello les causó y que es ventilado por una junta de resolución, la segunda instancia establecida en el contrato para resolver tales exigencias, mencionó el administrador.
A comienzos de diciembre, el consorcio presentó otro reclamo por 900 millones a los directivos del canal, que junto con otros menores suman los 1.600 millones.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor.
Quijano ha dicho que el tema de los sobrecostos está incluido en el contrato y que el proyecto de ampliación cuenta con contingencias para enfrentar dichas eventualidades. Indica que hasta un 10% de sobrecostos del valor del proyecto podría ser considerado normal.
Sin embargo, el monto en costos adicionales que plantea el consorcio representa un incremento del 50% del valor del proyecto. El consorcio ganó la licitación en 2009 al proponer el precio de 3.118 millones de dólares para diseñar y construir las nuevas esclusas, el componente más importante de la ampliación que fue concebido por un costo total de 5.250 millones.
Los trabajos en general llevan un desarrollo de 72%, en tanto que el de las nuevas esclusas 65%, según las autoridades canaleras. La ampliación ya sufre retrasos, pues su culminación ahora está prevista para junio del 2015, en vez de octubre del 2014 como se había programado originalmente en el contrato.
Quijano dijo que en la reunión del martes se va a discutir sobre la posibilidad de hacer un adelanto adicional en dinero al grupo, aunque siempre y cuando en las condiciones que establezca el canal y sin amenazas de paro.
Por la mañana, la ministra Pastor declaró que ``lo que estamos haciendo es que las partes se sienten para intentar dar solución y que esta obra tan importante continúe a buen ritmo y se pueda terminar en el período más corto de tiempo posible''.
Pastor y Martinelli admiten que se trata de un conflicto entre un grupo de cuatro empresas privadas y el Canal de Panamá, una entidad independiente del gobierno, pero coinciden en que los intentos de sus gobiernos para hallar una salida son necesarios porque se trata de un problema que atañe a una obra que sirve al comercio marítimo mundial.
Las autoridades del Canal de Panamá calificaron el lunes como positiva la intención del consorcio que construye las nuevas esclusas de ventilar sus reclamos de sobrecostos multimillonarios dentro del contrato, aunque aclaró que la intención de suspensión de los trabajos por parte de ese grupo multinacional aún se mantiene.
El administrador del canal, Jorge Luis Quijano, anunció que el martes sostendrán una reunión con el Grupo Unidos por el Canal, consorcio liderado por la empresa española Sacyr Vallehermoso, en lo que será el primer encuentro desde que el grupo amenazó, mediante una carta el 30 de diciembre, con paralizar la ampliación por problemas económicos y sobrecostos por 1.600 millones de dólares.
Quijano y otros directivos del canal recibieron el lunes a la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, quien viajó este fin de semana para ayudar a buscar medidas de solución al litigio, en que se ve involucrada la firma privada española. Pastor se reunió antes con representantes del consorcio y el presidente panameño Ricardo Martinelli.
``La parte buena es que la ministra nos ha mandado el mensaje de que lo que ha venido planteado la Autoridad del Canal es que se maneje todos los recursos de reclamación a través del contrato'', dijo Quijano.
``Todavía queda la intención de suspensión'', agregó.
Sacyr y sus otros tres socios en el proyecto _la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana S.A_ dieron al canal 21 días, a partir del 30 de diciembre, para alcanzar un acuerdo que le reconozca costos extraordinarios durante los trabajos que estima en 1.600 millones de dólares o de lo contrario suspenderá la obra por falta de recursos.
De acuerdo con el grupo, los sobrecostos tienen que ver con situaciones que no fueron previstas adecuadamente por las autoridades del canal durante el proceso de licitación, como lidiar con muchas más fallas geológicas en el terreno e inconvenientes con el material de basalto excavado para preparar el concreto.
Mencionan que el canal demoró meses en aprobar la calidad de la mezcla. Hace más de un año y medio, el grupo presentó un reclamo por 565 millones de dólares al canal debido a los problemas que ello les causó y que es ventilado por una junta de resolución, la segunda instancia establecida en el contrato para resolver tales exigencias, mencionó el administrador.
A comienzos de diciembre, el consorcio presentó otro reclamo por 900 millones a los directivos del canal, que junto con otros menores suman los 1.600 millones.
Quijano ha dicho que el tema de los sobrecostos está incluido en el contrato y que el proyecto de ampliación cuenta con contingencias para enfrentar dichas eventualidades. Indica que hasta un 10% de sobrecostos del valor del proyecto podría ser considerado normal.
Sin embargo, el monto en costos adicionales que plantea el consorcio representa un incremento del 50% del valor del proyecto. El consorcio ganó la licitación en 2009 al proponer el precio de 3.118 millones de dólares para diseñar y construir las nuevas esclusas, el componente más importante de la ampliación que fue concebido por un costo total de 5.250 millones.
Los trabajos en general llevan un desarrollo de 72%, en tanto que el de las nuevas esclusas 65%, según las autoridades canaleras. La ampliación ya sufre retrasos, pues su culminación ahora está prevista para junio del 2015, en vez de octubre del 2014 como se había programado originalmente en el contrato.
Quijano dijo que en la reunión del martes se va a discutir sobre la posibilidad de hacer un adelanto adicional en dinero al grupo, aunque siempre y cuando en las condiciones que establezca el canal y sin amenazas de paro.
Por la mañana, la ministra Pastor declaró que ``lo que estamos haciendo es que las partes se sienten para intentar dar solución y que esta obra tan importante continúe a buen ritmo y se pueda terminar en el período más corto de tiempo posible''.
Pastor y Martinelli admiten que se trata de un conflicto entre un grupo de cuatro empresas privadas y el Canal de Panamá, una entidad independiente del gobierno, pero coinciden en que los intentos de sus gobiernos para hallar una salida son necesarios porque se trata de un problema que atañe a una obra que sirve al comercio marítimo mundial.
