El contralor de la República, Anel “Bolo” Flores, se alista para llevar a los tribunales una de las decisiones más polémicas de los últimos días: el recién aprobado fondo de retiro especial para jueces y magistrados.
La medida, avalada por la Corte Suprema de Justicia, ahora enfrenta un nuevo reto, pues Flores anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad.
“Estas personas están ganando 20 o 25 veces más de lo que gana el panameño de a pie. Esas son cosas que nos deben llamar a la reflexión. Estas autoridades que ganan tremendos salarios... No es el tiempo correcto con lo que está sucediendo en el país”, dijo Flores.
El contralor advirtió que hará todo lo posible para frenar lo que considera un “abuso” contra una economía que no soporta incrementos de este tipo.
“Espero que ellos reflexionen y tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía... Los goles vienen todos los días de todos lados. Me siento mal, al igual que el resto de los panameños... decepcionado de estas autoridades por la falta de conciencia y el juega vivo”, manifestó.
El acuerdo N.° 407, aprobado el 18 de julio de 2024 y publicado en Gaceta Oficial el pasado viernes 8 de agosto, establece la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial.
La norma detalla que, desde el 1 de enero de 2025, los jueces y magistrados que alcancen la edad de jubilación podrán recibir una compensación económica calculada sobre la base de su último salario, complementada por la institución después de descontar el monto cubierto por la Caja de Seguro Social (CSS).
La escala de compensación será la siguiente:
Magistrados de la Corte Suprema: 100% del último salario devengado.
Magistrados de Tribunales Superiores: 60% de la diferencia entre el último salario y la pensión de la CSS.
Jueces de Circuito: 50% de la diferencia.
Jueces Municipales: 40% de la diferencia.
Actualmente, de los 519 jueces y magistrados del Órgano Judicial, alrededor de 133 (26%) cumplen con la edad de retiro o jubilación. El impacto presupuestario de la medida representa el 0.26% del presupuesto institucional.
