El contralor general de la República, Anel Flores, ofreció este 7 de abril una conferencia de prensa en la que presentó los hallazgos de una auditoría financiera, legal y jurídica realizada a la empresa Panama Ports Company (PPC), titular de la concesión portuaria más importante del país.
Los resultados son alarmantes: el Estado panameño habría dejado de percibir más de 1,200 millones de dólares durante los 25 años de vigencia del contrato, producto de decisiones administrativas que favorecieron a la empresa y de una estructura de tercerización que minimizó los ingresos oficiales.
Flores explicó que la auditoría original realizada en 2020, durante la pandemia, no pudo constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, particularmente la inversión mínima de mil millones de dólares requerida para optar por la renovación automática del contrato. Según el Contralor, solo se pudo verificar una inversión de 690 millones, mientras el resto carecía de documentación sustentadora.
A pesar de estas irregularidades, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) utilizó esa misma auditoría para justificar la renovación automática del contrato en 2021. El Contralor fue enfático: la Contraloría no emitió ningún aval para dicha renovación y la nota utilizada por la AMP no contenía ningún criterio legal de conformidad. Esta acción viola la Ley 56 de Puertos, que exige la aprobación de la Contraloría para cualquier renovación o traspaso.
La investigación también reveló que en 2002 se modificaron las condiciones originales del contrato, eliminando el canon fijo anual de 22 millones de dólares y sustituyendo el 10% sobre ingresos brutos por un 10% sobre ingresos netos, lo que provocó una caída drástica en los pagos al Estado: de 28 millones de dólares en 2002 a apenas 1.3 millones en 2003.
Durante el período auditado (1997–2023), PPC generó más de 3,780 millones de dólares por el movimiento de contenedores, pero solo transfirió 236 millones al Estado, lo que equivale al 9% de sus ingresos totales. En otras áreas como el manejo de vehículos, la empresa recibió 118 millones, de los cuales solo 10 millones fueron pagados a Panamá.
El Contralor cuestionó la legalidad de la renovación automática del contrato y responsabilizó a funcionarios y autoridades pasadas de haber actuado contra los intereses del país. “Esto no es culpa solo de la empresa. Aquí hubo malos panameños que entregaron lo que no debían entregar”, afirmó.
El perjuicio estimado para la República de Panamá asciende a más de 1,200 millones de dólares, un monto que, según Flores, equivale a 55 millones de dólares anuales dejados de percibir, sin contar los efectos económicos indirectos derivados de las exoneraciones fiscales.
Finalmente, el contralor reiteró que se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público contra los miembros de la junta directiva y funcionarios vinculados a la renovación del contrato. “Nos deben una explicación al país. Y la van a tener que dar ante las autoridades”, concluyó.
