El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, decretó las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y de acercarse a la víctima, contra Pedro Silva de 43 años y Tamara García de 22 años, imputados por la supuesta comisión de los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales, y contra la administración pública, en su modalidad de obstaculizar la labor policial.
En la audiencia, celebrada este martes 4 de febrero, el juez de garantías, luego de escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de las defensas técnicas particulares, basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales, por considerarlas necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, aunado a los riesgos procesales del caso.
Previamente, se declaró legal la aprehensión de Silva y se declaró ilegal la de García, la fiscal Lorenza Gutiérrez, en representación del Ministerio Público, presentó la formulación de imputación de cargos. Los imputados contaron con la asistencia legal de los defensores técnicos particulares, Jorge Castañeda y Alfredo González. La defensa de las víctimas del delito estuvo representada por el licenciado José Luis Guerra, del departamento de asesoría legal de la Policía Nacional.
En el acto de audiencia el Ministerio Fiscal y la defensa de víctimas del delito anunciaron recurso de apelación a la decisión decretada por el juez de garantías. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue fijada para el 12 de febrero, a las 2:00 p.m., sala número dos en Plaza Fortuna.
Esta causa se originó el pasado viernes 31 de enero, durante una protesta universitaria en la vía Transístmica.
