La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá desea referirse a la situación que enfrenta la activista ambiental Ligia Arreaga Pinto, quien señala estar recibiendo amenazas de muerte en función de su activismo en defensa de la Laguna de Matusagaratí, en la provincia de Darién.
Esta Institución desea recordar el valor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano, particularmente para el fortalecimiento y consolidación de una sociedad democrática.
Así, vale la pena recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado el 15 de diciembre de 2015 en su Informe sobre la criminalización de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos que la misma es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan tiene repercusiones en la sociedad en general, y busca el beneficio de la misma.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación, particularmente al no ser la primera vez que la activista Arreaga enfrenta amenazas de este tipo, mismas que han sido conocidas por esta Institución, lo cual en su momento originó la apertura de un expediente que concluyó con la presentación de recomendaciones a las autoridades correspondientes.
En estas circunstancias es importante resaltar que en el marco del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, tanto los Informes del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, al igual que su Informe respecto del entorno seguro y propicio para los defensores, así como la Declaración de la Asamblea General para la protección de activistas de derechos humanos, se expresa la especial preocupación por la discriminación sistémica y estructural y la violencia que enfrentan las mujeres defensoras de los derechos humanos de todas las edades, y hace un llamamiento a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar su protección y para integrar una perspectiva de género en sus esfuerzos para crear un entorno seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a fin de implementar mecanismos específicos para proteger el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, y que estos sean sensibles al género, a efectos de evitar situaciones como las que reiteradamente ha enfrentado la activista Arreaga, mismas que condenamos por ser inadmisibles en el marco de la tolerancia propia del sistema democrático.
