El Gobierno de Panamá impulsa una ley para mejorar el servicio eléctrico nacional

El Gobierno de Panamá informó ayer martes que aprobó un proyecto de ley para "fortalecer el marco regulatorio actual y revertir el desmejoramiento sistemático en la calidad del suministro eléctrico" en el país centroamericano.

El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gabinete (de ministros) y debe ser presentado, en una fecha no especificada, a la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para su aprobación.

La iniciativa "detalla que, durante las últimas décadas, los clientes han enfrentado constantes incidencias como fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes del servicio, lo que ha provocado daños en equipos y artefactos eléctricos", indicó en un comunicado la Presidencia.

"En respuesta a esta realidad, el Ejecutivo refuerza, mediante esta iniciativa legislativa, tanto el régimen de derechos de los usuarios como las obligaciones de las empresas distribuidoras, incorporando además disposiciones orientadas a garantizar una mayor transparencia en la información suministrada a los clientes", detalló la nota.

De acuerdo con la información oficial, "las modificaciones incluyen plazos definidos para la atención de reclamos" y que "las multas impuestas a las empresas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado", entre otros.

La iniciativa de ley "también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones".

En Panamá hay tres distribuidoras: Elektra Noreste (ENSA), propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de la española Naturgy.

Estas distribuidoras funcionan bajo el esquema de empresa mixta, en la que EPM y Naturgy cuenta con el 51 % accionarial y el resto pertenece al Estado - al menos el 48 % - y a los trabajadores - máximo 2 % -.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) una apertura del mercado de comercialización de energía eléctrica a fin de introducir una mayor competencia, según un documento filtrado a la prensa local el pasado sábado.