Las investigaciones han comprobado que dentro de los centros penitenciarios hay todo tipo de artículos que son prohibidos, desde drogas hasta armas.
En reiteradas ocasiones los familiares de los reclusos denuncian que hay una supuesta complicidad de algunos funcionarios en ingresar objetos prohibidos a los penales. Foto: Ilustrativa
En reiteradas ocasiones los familiares de los reclusos denuncian que hay una supuesta complicidad de algunos funcionarios en ingresar objetos prohibidos a los penales. Foto: Ilustrativa
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Miércoles 30 de enero de 2019 02:45 PM

 

El Consejo de Gabinete dio el aval al Ministerio de Gobierno (Mingob) para que presente ante la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de ley que busca penalizar la intención o el ingreso de armas de fuego, aparatos electrónicos (de comunicación) y bebidas alcohólicas a los centros penitenciarios.

 

 

Con la intención de disminuir los casos de corrupción en las cárceles, el Mingob presentará el proyecto de ley en la AN para que sea prohijado en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

 

 

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Debe cumplir el proceso en la AN

Luego pasará a la discusión y aprobación de primer, segundo y tercer debate, hasta concluir con la sanción del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

 

 

Según Carlos Rubio, titular del Mingob, los celulares que ingresan a los penales son utilizados comúnmente para continuar con el crimen organizado desde los centros penitenciarios.

Al igual que la introducción de alcohol y armas punzocortante que van acompañados de actos de corrupción y que afectan los programas de resocialización con los privados de libertad.

 

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Cada parte tendrá su castigo

Las posibles sanciones pudieran ser aplicadas a custodios, policías, funcionarios administrativos, visitantes, colaboradores de compañías privadas que brinden algún servicio a la Dirección General de Sistema Penitenciario (DGSP) y a los propios privados de libertad, quienes incurran en las faltas señaladas.

Cabe resaltar que hasta mediados de agosto de 2018, la DGSP había destituido al menos a 56 custodios por comprobarse su vinculación y responsabilidad en actos de corrupción dentro de las cárceles.

 

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