Panamá implementará a finales de este mes un sistema de trazabilidad y control forestal que permitirá seguir la trayectoria de la madera y con el que espera reducir la tala ilegal en el este del país hasta en un 90 %, informaron hoy a Acan-Efe fuentes oficiales.
El ingeniero forestal del Ministerio de Ambiente Félix Magallón explicó a Acan-Efe que el nuevo sistema permitirá seguir la trayectoria de los árboles a través de dispositivos electrónicos (chips) desde que son censados hasta que su madera llega al consumidor final.
"El objetivo es garantizar que la madera que se ha autorizado talar a través de los distintos permisos de aprovechamiento sea efectivamente la misma madera que se tala, aprovecha y transporta a las industrias transformadoras", apuntó el especialista.
La iniciativa es inédita en Panamá, pero lleva varios años funcionando en otros países de la región como Bolivia, Guatemala o Ecuador.
El nuevo sistema, que tiene un coste aproximado de 200.000 dólares, se implementará inicialmente en las provincias de Panamá Este y Darién, de donde sale la mayor parte de la madera que se comercializa en el país, pero está previsto que más adelante se extienda a otras zonas, indicó el experto.
"Es probable que la tala y el transporte ilegal se controle hasta en un 90 % en estas dos provincias, lo que significa que solo tendremos un 10 % de madera ilegal", afirmó Magallón.
En el Darién, una impresionante selva que hace de frontera natural con Colombia, crecen especies de árboles altamente cotizadas en Asia, Estados Unidos y Europa como el bálsamo, la caoba nacional o el cocobolo, cuya extracción está prohibida desde hace varios años.
El ingeniero reconoció que es "difícil" conocer exactamente la cantidad de madera ilegal que está en el mercado panameño, pero aseguró que la tendencia "ha ido disminuyendo" en los últimos tres años gracias a los controles y los operativos policiales.
Según datos del ministerio, las incautaciones de madera ilegal se han reducido cerca del 70 % desde julio de 2014, cuando tomó posesión el actual Gobierno.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que está ayudando al ministerio a implantar el nuevo sistema, calcula que más de la mitad de la madera que se comercializa en Panamá es ilegal, unas cifras muy parecidas al resto de países de Centroamérica.
