Más ciudadanos y organizaciones se siguen sumando en defensa de la niñez y adolescentes en el país. Esta vez fueron los ambientalistas quienes compartieron este 23 de febrero el siguiente manifiesto.
Ante los lamentables eventos que se han hecho públicos y notorios en los medios de comunicación y redes sociales, en donde han quedado expuestas reprochables conductas de abuso y maltrato infligidas a niños, niñas y adolescentes dentro de centros destinados por el Estado para el cuidado y protección de menores en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social, las organizaciones y otros actores ambientales abajo firmantes, no podemos dejar pasar con indiferencia estos hechos de abierta violación a los derechos humanos y los derechos del niño, y por este medio manifestamos lo siguiente:
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1. RECHAZAMOS rotundamente cualquier forma de violencia, abuso, tortura, maltrato físico, psicológico, moral y de cualquier tipo, perpetrado en el pasado y en el presente sobre cualquier ser humano, en particular, sobre los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales deben recaer los mayores esfuerzos y recursos estatales y ciudadanos en vías de asegurar su bienestar.
2. RECHAZAMOS que siendo estos hechos públicos y notorios, denunciados de manera reiterada en diferentes administraciones gubernamentales, no hayan sido atendidos y resueltos oportunamente, derivando en consecuencias cada vez más graves para las víctimas y profundizando la necesidad de justicia y certeza de castigo.
3. EXIGIMOS que las instituciones del Estado con competencia en este tema desarrollen un abordaje interdisciplinario, transversal, transparente y participativo, que permita desarrollar acciones correctivas y preventivas en favor de los niños, niñas y adolescentes, y sancionatorias en contra de los perpetradores de estas conductas violatorias, no solo de nuestros compromisos legales internacionales y garantías constitucionales fundamentales, sino de los valores éticos y morales más básicos de cualquier sociedad.
4. EXIGIMOS que adicional y, en paralelo a las investigaciones administrativas y penales que se inicien en torno a estos hechos, el Estado asigne el presupuesto necesario para una gestión óptima, transparente y participativa, garantizando la gobernanza necesaria para que en conjunto con la sociedad civil se dé el seguimiento, vigilancia y toma de decisiones que permitan no solo la atención de la situación actual, sino la creación a nivel de ley, de un sistema de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia que vele e impida que situaciones similares se repitan.
5. DEMANDAMOS que las instituciones del Estado asuman con mayor responsabilidad sus obligaciones como servidores públicos atendiendo con prioridad y urgencia esta situación, por demás inaceptable; que se rindan cuentas sobre la atención y tratamiento que se está dando en estos momentos a las víctimas y la ineludible reparación que su situación requiere.
6. APOYAMOS las acciones que en este momento, desde diferentes frentes, adelantan organizaciones cívicas, académicas, privadas y ciudadanos en general en pro de la defensa de los derechos humanos, y en este caso en particular, la defensa de los derechos de las víctimas de estos agravios. Estamos anuentes a apoyar desde las acciones que desarrollamos, los planes que se implementen en los procesos para el rescate integral de los niños, niñas y adolescentes, y así en conjunto procurarles una mejor calidad de vida.
7. REITERAMOS que dentro de los compromisos adquiridos por el Estado panameño en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (Principio 25) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 16) se establece claramente que sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible, así como que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, son interdependientes e inseparables. No podemos esperar alcanzar estos objetivos si nuestro principal activo, los niños, niñas y
adolescentes, se encuentran en riesgo y peligro, ni lograr tranquilidad en la sociedad hasta que se haga justicia y ellos se encuentren seguros.
8. CONVENCIDOS que asegurar un mejor futuro para todos, pasa por la movilización de la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del mundo (Principio 21 Declaración de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo), estaremos vigilantes de que estos procesos no se diluyan en el tiempo, que se investiguen los hechos, se sancionen a los responsables y que el Estado respete y cumpla la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la cual es signatario (Ley 15 de 6 de noviembre de 1990).
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Las acciones que se impulsan por un ambiente sano y la sostenibilidad de sus recursos involucra el velar por el bienestar de los niños, las niñas y adolescentes, prevaleciendo el principio del interés superior del menor en su máxima esencia.
Por ello, desde el sector ambiental nos sumamos a las acciones ciudadanas que buscan la solución de estos problemas y a vigilar por el cumplimiento de las leyes, las sanciones efectivas a sus responsables y la aplicación de medidas de remediación que eviten que estos hechos se repitan en el futuro.
Suscriben,
ORGANIZACIONES
Alianza Bocas
Amigos del Parque Internacional La Amistad
ARMagazine
Asociación ADOPTA Bosque
Asociación Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Cámara de Reciclaje de Panamá
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Fundación NATURA
Fundación para la Protección del Mar (PRO-MAR)
Fundación Parque Nacional Chagres
Fundación Yaguará Panamá
Fundación para el Desarrollo Integral. Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de
Panamá (FUNDICCEP)
GAEA Abogados
Generación de Amigos Ecológicos de Panamá (GAEP)
Impacto Positivo
Movimiento MIMAR
Mundo sin guerras y sin violencia Panamá
Parque Natural Metropolitano
Red de Turismo Comunitario Bocas del Toro
Sociedad Audubon de Panamá
Shark Defenders
Red Panamanglar
