Con 45 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 1100, que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá, S.A. hasta el año 2041.
Durante la sesión permanente de hoy, jueves, hubo un debate de ideas de las distintas bancadas políticas.
Fue un proceso ordenado, sin sobresalto y de respeto. Las inclinaciones de los que alegan su conveniencia se balanceó en la seguridad jurídica, el sector laboral, los beneficios sociales y que los partidarios del “no” esgrimían posiciones políticas.
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Asumieron, que el rechazo acarrearía a Panamá pérdidas supermillonarias que podrían comprometer el patrimonio de la Nación, además de una posible explosión social por el cese de la empresa; por ende, el despido de unos 40 mil trabajadores, como también una comunidad internacional con una falta de interés por invertir en el país.
Abonaron a sus puntos de vista, que es una actividad con existencia desde 1997. Respecto a ese argumento, ahondaron que no es nada nuevo, sino que se actualizaron las negociaciones para equilibrar las ganancias-empresa-Estado- derivadas de la explotación de cobre.
En la maratónica sesión, los miembros del parlamento que rechazan el acuerdo se mantuvieron en el criterio de que, aún con las mejoras, no es el más conveniente.
Este contrato tendrá una duración inicial de veinte (20) años, contados a partir del 22 de diciembre de 2021. Para este efecto, se aprobó que el proyecto de Ley 1100 es de interés social.
En resumen, las exposiciones esbozadas en el segundo debate:
- El titular del MICI, Federico Boyd, ilustró al pleno que el Estado estará vigilante de manera que se realicen las labores de monitoreo, control y cumplimiento de las normas ambientales las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
- Se sostuvo que la concesionaria tendrá el derecho de usar y desviar agua proveniente de fuentes naturales cuando así lo requieran sus actividades, con base a la normativa aplicable al uso, tratamiento y descarga de aguas. Sin embargo, se dejó claro que el uso de agua para el funcionamiento del canal de Panamá tendrá preferencia al uso para la concesión.
- En el caso de que el contrato con Minera Panamá sea objeto de un proceso de arbitraje internacional, el asesor legal del Estado en esta materia, Michael Rodríguez, explicó que serían tres procesos, y que, en general, los arbitrajes entre contratos, duran de tres a cinco años, dependiendo del procedimiento que se siga, lo que representaría un alto costo.
- Por eso, se razonó, una y otra vez, que la mejor opción es aprobar el contrato antes que exponer el país a una demanda internacional que pagarían los gobiernos venideros.
- El debate también permitió conocer que sólo tres países en todo el mundo, Panamá, Bután y Surinam tienen la clasificación de "carbono negativo"; es decir que absorben más gases de efecto invernadero (GEI) en comparación a las emisiones producto de las actividades humanas.
- Sostuvieron que el desarrollo de explotación minera es sostenible para el medio ambiente en todas las hectáreas a explorar, que traerá beneficios a las poblaciones aledañas y en el futuro, salarios no menor de B/.350.00, en apoyo a un segmento mayor a los 300 mil servidores.
- Se prevé en cinco años el desarrollo en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, con infraestructuras como carreteras, hospitales, agua, energía eléctrica y demás obras.
- Añadieron que las modificaciones al contrato representan un ingreso a los Gobiernos Locales de unos B/90 millones, superior a lo que recibían en el contrato original con tan sólo B/. 900,000 al año.
- En la jornada, estuvieron presentes autoridades del Ejecutivo, además del MICI, los Ministerios de Ambiente y de Trabajo.
