El Gobierno Nacional anunció una inversión inicial de 29 millones de dólares, proveniente de las regalías generadas por la venta del concentrado de cobre almacenado en la mina, destinada a proyectos sociales e infraestructura prioritaria en los municipios de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada, con el objetivo de fortalecer y mejorar los servicios esenciales en estas comunidades.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que, por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, la inversión se destinará principalmente a proyectos concretos, medibles y orientados a mejorar servicios esenciales como salud, educación, agua potable y caminos de acceso.
Cada institución del Estado será responsable de ejecutar las obras asignadas, garantizando un uso eficiente y transparente de los recursos.
En el municipio de Omar Torrijos, se invertirán B/. 3.5 millones en la ampliación y equipamiento del Centro de Salud de Coclesito, en la electrificación de la comunidad de Nueva Esperanza y en la mejora de diversos caminos rurales.
En Donoso, se invertirán B/. 1.95 millones en caminos de penetración para productores de Guácimo y en la ampliación y reparación del Centro de Salud de Coclé del Norte.
En La Pintada, B/. 1.25 millones se destinarán a la ampliación de la Escuela de Llano Norte, mejoras en los sistemas de agua potable de Llano Grande y Llano Norte, y la rehabilitación del camino que conecta a ambas comunidades.
El ministro detalló que estos recursos corresponden a la exportación autorizada de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre, efectuada únicamente bajo el Plan de Preservación y Gestión Segura, diseñado para garantizar la estabilidad ambiental sin reanudar la actividad minera. La venta generó para el Estado 29 millones en regalías hoy disponibles.
“Esta medida no reactiva la minería. Es una decisión técnica para proteger a las comunidades y asegurar que el sitio se mantenga estable”, afirmó Moltó, subrayando que el Gobierno del presidente José Raúl Mulino gestiona el tema minero “con responsabilidad, seriedad y absoluta transparencia”.
El ministro recordó, según datos presentados por la empresa, que el mantenimiento de la mina —inactiva desde diciembre de 2023— ha representado un costo acumulado de 360 millones de dólares, equivalentes a unos 15 millones mensuales, asumidos íntegramente por la empresa sin que el Estado haya tenido que destinar un solo centavo, tal y como lo estipula la cláusula 10 de la resolución 45 de 30 de mayo de 2025 que establece que Minera Panamá, S.A. es la única responsable de los costos y gastos asociados al mantenimiento.
“Hoy no hablamos solo de cifras, sino de rostros, escuelas, caminos y centros de salud. Ese es el enfoque que el país merece”, expresó Moltó.
El ministro también enfatizó que, por instrucción directa del presidente de la República, ningún recurso será destinado a burocracia, consultorías u oficinas.
“Estos fondos pertenecen a todos los panameños y van a llegar donde más se necesitan. Informaremos cada paso, porque la transparencia es la base de este proceso”, aseguró.
Finalmente, adelantó que este es solo el inicio de un programa nacional de inversión cuyos siguientes pasos serán presentados públicamente.
“Heredamos un problema histórico, pero lo estamos enfrentando con responsabilidad, con datos y con resultados visibles para el país”, concluyó.
