Este 18 de febrero de 2020 fue aprobada formalmente la inclusión de Panamá en la lista de países no cooperadores en materia fiscal por parte de la Unión Europea (UE).
El Gobierno Nacional manifiesta su inconformidad y rechazo a la inclusión de Panamá en esta nueva lista por razones de forma y de fondo.
En primer lugar, la UE no ha realizado ninguna evaluación técnica sobre el sistema panameño en lo que va de la presente administración.
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Por el contrario, la UE basa sus criterios, de forma general, en los listados y criterios de las organizaciones de las que los países miembros son parte, como la OCDE y el GAFI.
Por ende, la metodología de la Unión Europea implica que si un país se encuentra en la lista GAFI o recibe una calificación negativa de OCDE automáticamente será incluido en sus respectivas listas.
En este caso, la inclusión es consecuencia de la calificación que recibió Panamá a finales del año pasado de la OCDE en el Foro Global de Transparencia e Intercambio de
Información, mediante la cual se redujo la calificación del país a parcialmente cumplidor.
Dicha situación se base en una evaluación desfasada de la realidad de nuestro sistema.
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Como consecuencia, la inclusión en la lista no responde a alguna situación negativa que haya surgido y tampoco refleja la situación real de los avances en las fechas posteriores
a los períodos de evaluación que sirven de base para las calificaciones.
Los procesos de inclusión en las listas en las que aparece Panamá son desafortunadamente complejos y están directamente relacionados, lo que trae como consecuencia un negativo efecto dominó.
Fuentes de alto nivel de la Comisión Europea han confirmado a funcionarios de nuestro país que igualmente seremos incluidos en la lista revisada de países con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que representan un riesgo significativo al sistema financiero de la Unión Europea.
Nuevamente, esta decisión se da en base a que Panamá está incluida en una lista similar del GAFI, sin que medie un sistema de análisis actual, técnico y sobre todo objetivo de la evolución del país en ese tema, después del período que evaluó GAFI (2017-febrero de 2019). De ser así, todas las acciones y avances de nuestro país desde ese entonces no habrían sido tomadas en cuenta por la UE.
El Gobierno ha dado la prioridad que el tema amerita y en forma ininterrumpida, los equipos de la Presidencia, mediante la Unidad de Competitividad de Servicios Internaciones (UCSI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Economía y Finanzas y Superintendencias, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestro servicio exterior, se han establecido agendas y acciones concretas para llevar a cabo sendos planes con relación a las listas de países no cooperadores en materia fiscal, por un lado, y las listas de terceros países que representan un riesgo en la lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero, por el otro.
Panamá seguirá igualmente adelantando los planes y acciones concretas que son parte de su propia agenda de país, que responde a lo que es conveniente para nuestra economía y que nos permitan mantener los más altos estándares y compromisos internacionales, asegurando nuestro puesto como uno de los principales centros financieros de la región y del mundo.
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Cabe destacar que la consecuencia más relevante de estar en esta lista es que los bancos y otras entidades financieras de los Estados Miembros de la Unión Europea deberán aplicar una mayor diligencia en las relaciones comerciales y las transacciones que involucren a países de alto riesgo. Adicionalmente, las entidades que implementan fondos de la Unión Europea no podrán iniciar operaciones nuevas o renovar las existentes con entidades establecidas en países que han sido incluidos en dicha lista.
El Gobierno espera que los Estados Miembros de la Unión Europea sigan reconociendo los avances efectuados por nuestro país en materia de una mayor transparencia fiscal y compromiso con los estándares internacionales.
Panamá reitera su compromiso con la transparencia fiscal internacional y el cumplimiento de estándares internacionales.
