Los hijos de las personas privadas de libertad suelen ser las víctimas olvidadas de los procesos legales. Cuando una madre o un padre va a prisión, sus hijos e hijas se ven fuertemente afectados y rara vez se toma en cuenta estos efectos, aseguró la abogada de familia Alicia Urrutia.
El número de niños y niñas que tienen a sus padres cumpliendo condenas privados de libertad ha ido en aumento en las últimas décadas en el mundo entero, aunque en Panamá se desconoce.
La ministra encargada de Gobierno y Justicia, María Luisa Romero, espera que la situación empiece a mejorar a partir de 2017 o que se comience a implementar un plan que permita que las privadas de libertad puedan estar con sus bebés en los penales durante el periodo de lactancia.
Eso se suma al último informe de la Comisión Interamericana, que señaló que en el caso de las mujeres, la privación de libertad tiene severas consecuencias para sus hijos y las personas que se encuentran bajo su cuidado, tales como las personas con discapacidad y adultos mayores.
Indicó que la ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento de mujeres, ocasiona que las personas bajo su cuidado, queden expuestas a situaciones de transmisión intergeneracional de la pobreza, marginalidad y abandono, mismas que a su vez pueden desembocar en consecuencias de largo plazo, tales como involucramiento en organizaciones criminales, o incluso, institucionalización.
El informe de la Defensoría del Pueblo del 2006, que comprendió al total de la población penitenciaria, indica que el porcentaje de mujeres en prisión es solo 6.8% del total. Aunque 43.5% de ellas tiene menos de 30 años, las que tienen más de 50 años llegan a 6.6%, mucho más que los hombres 3.9%. Esto implica que la mujer empieza más tarde que el hombre su carrera delictiva.
La mayoría declara tener hijos, hecho que se repite con los hombres.
