En distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha defendido los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción.
Foto ilustrativa de un padre junto  su hijo.
Foto ilustrativa de un padre junto su hijo.
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Viernes 13 de septiembre de 2019 12:30 PM

Ante el debate generado por el proyecto de ley No 18 sobre “la Identidad del Niño fallecido en el vientre materno”, que busca garantizar a los padres que deseen registrarlo con un nombre y sus apellidos, la Iglesia Católica en Panamá manifiesta su apoyo a esta propuesta que ayudará a los progenitores a aliviar el dolor y hacer más llevadero el duelo por la pérdida de su hijo o hija.

 

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En distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha defendido los derechos que tiene la persona desde el momento de su concepción hasta la muerte natural de la persona.  En el Código de la Familia esto es reconocido en el Artículo No. 484 que regula los derechos y garantías del menor, al definir al menor como: “todo ser humano desde su concepción hasta la edad de dieciocho (18) años.

 

El niño no nacido es una persona que tiene el derecho a tener una identidad. No podemos descartarlo como si nunca hubiese sido concebido. Para sus padres existió y así debe quedar consignado al darle un reconocimiento oficial.

 

Designación de Magistrados de la CSJ

Sobre la próxima designación de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Iglesia Católica señala que ésta debe estar caracterizada por un proceso independiente de intereses políticos, partidistas e individuales, ante la fragilidad institucional y la débil confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

En el proceso de designación deben considerarse aspectos como: la solvencia moral y prestigio; la experiencia jurídica y la preparación académica; la proyección social e investigación científica; así como la participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia.

La Iglesia exhorta para que en este proceso se analice realmente el perfil de cada aspirante, para que la ciudadanía pueda conocer y dar su opinión, con el fin de que sean designadas las personas más aptas para estos altos cargos de la justicia panameña.

 

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Es una oportunidad histórica para iniciar un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de uno de los Órganos del Estado más fuertemente cuestionado, considerando las normas legales como los valores éticos, morales y espirituales, en los que se ha edificado este país.

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