En una audiencia de garantías celebrada hoy, la juez Irma Palacios dio por presentada una nueva imputación a Roxana Norato por el delito contra la seguridad colectiva, relacionada a la modificación de la estructura de un vehículo de su propiedad en el caso conocido como Operación El Gallero.
El 26 de septiembre del 2017, a Norato ya se le habían imputado cargos por tráfico internacional, asociación ilícita y blanqueo de capitales y, en ese momento, se estableció un plazo de seis meses para la investigación por lo que en esta nueva imputación corre el mismo término.
Posteriormente, al fiscal de circuito Carlos Batista, de la Fiscalía Superior Especializada de Drogas del Ministerio Público, la juez Palacios le negó la solicitud de imposición de una nueva medida cautelar personal más severa por considerar que no se fundamentó el en Código Procesal Penal, ya que Norato mantiene la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona.
En tanto, el abogado Valentín Jaén, defensa de Norato, solicitó una modificación de la obligación de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona para que se le permitiera salir de su casa a laborar, basado en razones humanitarias y el interés superior de los dos menores de edad que dependen económicamente de su persona. Esta gozó de la oposición de la fiscalía.
La juez Palacios no accedió a la revisión de la medida y mantuvo las existentes porque fueron impuestas por un juez de garantías, enmarcadas en las razones humanitarias.
Culminada esta audiencia en la misma sala, se realizó otro acto de audiencia donde a un tercero afectado se le negó la desaprehensión de un vehículo, relacionado con el mismo caso, y en su lugar se le nombró como depositario judicial.
