La protección de las mujeres y los niños en Panamá sigue siendo insuficiente, indica la Defensoría del Pueblo en su informe anual de Derechos Humanos 2025 presentado este jueves por el titular del organismo, Eduardo Leblanc, que clamó por más y mejor educación para frenar las distintas formas de violencia que aquejan a estas poblaciones.
"Los casos de violencia de género, feminicidios, abuso sexual, acoso escolar y violencia en entornos familiares y comunitarios revelan que los mecanismos de prevención, detección y atención oportuna siguen siendo fragmentados y, en muchos casos, tardíos", argumenta la Defensoría en el documento, de 28 páginas.
Hasta el 30 de noviembre pasado, 17 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en Panamá, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía). Este diciembre dos más fueron asesinadas por sus parejas, quienes luego se suicidaron, según informes de la prensa local, que aseguraron que en total nueve niños quedaron en la orfandad por estos dos casos.
"Panamá tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no estamos protegiendo suficientemente a las mujeres. Los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la falta de mecanismos ágiles, así como la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo", declaró Leblanc al presentar el informe.
En cuanto a la niñez, la Defensoría panameña halló "desafíos persistentes" en materia de protección, acceso a servicios básicos y ambientes seguros, dada los casos de acoso escolar, falta de infraestructura adecuada y limitaciones en los sistemas de protección para niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo.
"Es necesario consolidar mecanismos de protección mediante protocolos claros, rutas ágiles de atención, coordinación interinstitucional efectiva y presupuestos específicos", expresó la Defensoría.
Brechas de acceso a servicios públicos y salud deficiente.
En su informe anual, el ente de derechos humanos también recalcó las brechas "persistentes y profundas en el acceso a servicios esenciales como agua, salud, transporte, educación y seguridad social, que afectan con mayor gravedad a personas en zonas rurales, comarcales e indígenas y a quienes viven en condiciones de pobreza y exclusión".
En el ámbito de la salud, señaló que la fragmentación institucional continúa afectando a la población, a pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos y la atención primaria.
En cuanto a la educación en derechos humanos afirma que, "aunque ha registrado avances, aún no se ha consolidado como un eje transversal efectivo en el sistema educativo ni en la formación de servidores públicos, lo que limita la transformación cultural".
"El informe confirma que aún hay desafíos profundos, pero también demuestra que existen esfuerzos que pueden disminuir estas brechas si se sostienen en el tiempo", señaló Leblanc.
