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Jueces de paz se capacitan en el tema de maltrato a animales domésticos

La finalidad de la jornada buscaba capacitar a los jueces de paz sobre la Ley 70 de 2012 de Protección a los Animales Domésticos.

Redacción web

Ante el incremento de casos de maltrato animal, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio Público llevaron a cabo un taller sobre protección de animales domésticos dirigido a las jueces de Paz de Panamá y San Miguelito.

 

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  La finalidad de la jornada buscaba capacitar a los jueces de paz sobre la Ley 70 de 2012 de Protección a los Animales Domésticos, que fue modificada por la Ley 133 de marzo de 2020, en la que se les da facultades a los jueces para sancionar aquellas conductas que constituyan maltrato a los animales domésticos.

Juana López, viceministra de Gobierno, destacó la creación de fiscalías especializadas y departamentos en diferentes entidades para el abordaje de este tema que tiene un objetivo común, luchar para frenar este fenómeno y buscar una salida pacífica para que las normativas sean respetadas y acatadas a nivel nacional.

Mientras que la viceministra de Salud, Ivette Berríos, enfatizó que son los jueces de paz quienes adueñándose de la ley pueden ayudar a los defensores de los animales a protegerlos, además de convertirse en voceros ante las comunidades para que las personas sepan que hay una ley de protección para los animales y cuáles son las consecuencias cuando se infringe la misma.

El taller contó con la fiscal superior de Delitos Ambientales, Fátima Sánchez, y la asesora Legal del viceministerio de Salud, Lourdes Ábrego, como expositoras, quienes resaltaron que las faltas como maltrato, negligencia, abandono, lesiones a los animales son competencia de los jueces de paz y conllevan multas que van de B/. 500 a B/.1000, trabajo comunitario y obligación de asistir a un curso de 40 horas en materia de derecho de los animales y no maltrato.

 

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Mientras que en caso de lesiones graves y muerte del animal por actos de crueldad, le compete al Ministerio Público, y la pena es de 2 a 4 años, de acuerdo al artículo 421 del Código Penal.

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