A solicitud del Ministerio Público (MP), y tras evaluar una serie de riesgos procesales, el juez de Garantías, Luis De León Guardia, ordenó la detención provisional de siete personas (cuatro hombres y tres mujeres) implicadas en la privación de libertad de seis personas. Este hecho ocurrió el pasado 3 de enero, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
Al final de la audiencia de solicitudes múltiples, el juez también imputó cargos por el delito contra la libertad y contra la seguridad colectiva a Abraham Caballero, Josmairi Yarelis Agrazal, Ana Raquel Rivera, Yaret Neimar Rodríguez, Carlos Alberto Hidalgo, Teresa Barria Vigil y Luis Gregorio Mora.
El juez también imputó cargos por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de violencia de género a Abraham Caballero, Luis Gregorio Moran y Carlos Alberto Hidalgo.
No obstante, la defensa legal de Teresa Barria Vigil logró que se le otorgara una medida de notificación periódica dos veces por semana y el cambio de domicilio.
Las dos defensoras de oficio asignadas a los ocho indiciados habían solicitado la aplicación de las medidas cautelares de cambio de domicilio y reporte periódico.
Hechos
El tres de enero, en horas de la noche, tres sujetos armados llegaron a una vivienda ubicada en el sector de San Nicolás, corregimiento de Barrio Balboa en La Chorrera, en donde, luego de golpearlas, las obligaron a salir de la casa bajo amenazas de muerte.
Según el relato de las seis víctimas, que incluyen a varios menores de edad, el Ministerio Público reveló que las llevaron a uno de los cuartos de una casa de alquiler en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa.
Dentro del cuarto, el cual estaba dividido con sábanas, los separaron en dos grupos.
En este sitio, indica la fiscalía de la sección de delito contra la libertad e integridad personal, los indiciados, obedeciendo órdenes que recibían por teléfono, procedieron a utilizar una máquina manual para cortarles el cabello a los hombres y a una de las mujeres.
Además de golpearlo con las cachas de las armas de fuego que portaban y la empuñadura de cuchillos, los cuales también les pasaban por el cuello y la cara.
Parte de las evidencias recabadas por el Ministerio Público son restos de cabello humano recolectados en dos de las cuatro casas allanadas durante el operativo y que se presume son de las víctimas.
Otra de las víctimas de sexo masculino relató que en horas de la madrugada fueron llevados a otra casa de zinc, ubicada en las riberas del río Caimito, en Naos, de donde luego fueron trasladados en un vehículo a otra casa en el área del Marañonal.
Horas después fueron sacados de la casa y abandonados cerca del cuartel de bomberos de La Chorrera, no sin antes amenazarlos de muerte si acudían a las autoridades.
Previamente, tres mujeres habían sido liberadas por la Policía Nacional.
Por parte del Ministerio Público se dejó sentada la existencia de un grupo de delincuencia que opera en el sector de Naos y que mantiene amedrentada a la población.
