Diez años después de la tragedia, la justicia panameña sentará mañana en el banquillo de los acusados a once imputados por la intoxicación masiva con un jarabe y otros medicamentos para la piel mezclados con dietilenglicol, que ya mató a 170 personas y afectó al menos a otros 8.000 usuarios del sistema de salud pública.
La fecha fue establecida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, informó el órgano Judicial (OJ).
Se espera que comparezcan al juicio los once acusados y sus respectivos defensores, así como del Ministerio Público (MP) y de 151 personas que han sido reconocidas en el proceso como querellantes legítimos hasta el momento por el OJ.
Entre los que serán juzgados están los empresarios Ángel de La Cruz y Teófilo Gateno, por la supuesta comisión de los delitos "contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal".
La Ley procesal exige a la justicia la necesaria notificación a nivel personal de todos los participantes y de sus apoderados para poder celebrar la audiencia en la fecha prevista, de lo contrario no se podrá iniciar la sesión, de acuerdo con la información.
El Tribunal ha tenido dificultades para notificar a los querellantes, pues solo 83 y a sus apoderados, tiene domicilio actualizado.
En razón de ello, el Segundo Tribunal exhortó a los que hayan autorizado un poder como querellante en esta causa que se acerquen a la instancia judicial para notificarse.
La Caja de Seguro Social de Panamá compró en un proceso iniciado en 2003 unos 9.000 kilos de una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró un jarabe y pastas para la piel, que resultó ser de uso para refrigerante industrial y no para consumo humano, por contener la sustancia venenosa dietilenglicol.
Los primeros casos de envenenamiento se conocieron en 2006, y hasta 2015 se contabilizaban las muertes de 170 personas de un total de 8.000 que se calcula que podrían estar afectadas.
En diciembre de 2010, el MP de Panamá formuló cargos contra 23 personas por este caso, incluyendo a la gerente de la empresa española Rasfer Internacional S.A., compañía que se encargó de embarcar el producto al país centroamericano y que a su vez lo había adquirido en China.
Hace un año, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una ley que reconoce a las víctimas de la intoxicación masiva para que tengan acceso oportuno a atención médica, medicinas y a una pensión vitalicia.
La ley creó además una Comisión de Seguimiento, para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.
Este proyecto modifica artículos de leyes anteriores de 2013 y 2010 que no satisfacían a las víctimas y sus familiares.
El 3 de mayo de 2013, seis víctimas del envenenamiento masivo en Panamá en 2006 y la Caja de Seguro Social demandaron a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) por la muerte de 170 personas, al considerar que la Audiencia Nacional española archivó el caso sin practicar las diligencias necesarias.
La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional confirmó en julio de 2011 el sobreseimiento de la investigación, rechazando el recurso que habían presentado los afectados y la Caja de Seguro Social de Panamá contra el archivo inicial de la causa decretado en abril por el juez Ismael Moreno.
El magistrado entendió que la empresa farmacéutica catalana contra la que se querellaron las víctimas fue una "mera intermediaria comercial".
Según el auto de la Audiencia Nacional, el producto no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen hasta su destino en Panamá, donde llegó una mercancía identificada con las siglas TD (uso industrial) y con una fecha de caducidad concreta, "la cual la hace inapropiada para el consumo humano", y se falsificó la etiqueta con la denominación "glicerina ups", que determina que es apta para humanos.
"Esta es la causa real del envenenamiento masivo al margen de todo el periplo comercial existente entre las diferentes empresas vinculadas al objeto del proceso", subrayó el tribunal, insistiendo en que la comercial panameña, Grupo Comercial Medicom, fue la que llevó a cabo una "actuación falsaria" para que la Caja de Seguro Social adquiriera la glicerina como si fuera para consumo humano.
