El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo este lunes que quiere que los alcaldes y representantes (ediles) que tienen salarios que superan al que cobra el primer mandatario del país se los bajen, en medio de una polémica por estos emolumentos.
"Yo vi las cifras y, obviamente, hay algunos que duplican lo que yo devengo (...) aquí hay mucha gente que gana más que un presidente. Yo no es que quiera equipararlo, quiero esa gente se equipare a lo que gana un presidente", declaró Cortizo.
El jefe del Estado se pronunció así después de que una investigación del diario local La Prensa reveló que cuatro alcaldes, entre ellos el de la capital de Panamá, ganan mensualmente más de 10.000 dólares, y otros seis entre 7.000 y 9.000 dólares.
Asimismo, una decena de representantes de corregimiento (ediles) cobra entre 13.730 dólares y 8.530 dólares mensuales, según la investigación periodística, que cita datos de la Contraloría General.
El salario mensual de estos funcionarios, militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del partido Cambio Democrático (CD), representa entre 43 y 22 veces el salario mínimo más bajo del país (315 dólares).
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El emolumento está compuesto de cuatro segmentos. Un salario mensual que en todos los casos es 2.000 dólares, más gastos de representación, que por lo general son 5.000 dólares, gastos de movilización, también general de 5.000 dólares, y dieta por reuniones, un monto que va entre 250 y 850 dólares.
Solo al salario mensual y los gastos de representación se les aplica el impuesto sobre la renta y cuota de seguro social.
La investigación periodística señala que estos funcionarios "ganan más que el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia", y que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que devenga unos 10.345 dólares al mes.
El abogado constitucionalista Ernesto Cedeño ha denunciado que la Ley de Descentralización aprobada en el 2015 ha "servido para que algunos funcionarios se suban los sueldos, utilizando la fórmula del gasto de movilización fijo, que nadie quiere controlar su tope".
"Se están resolviendo con la descentralización algunos, en vez de que la descentralización le resuelva al pueblo", dijo el abogado y analista panameño.
El proceso de descentralización en Panamá arrancó en enero de 2016 con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que da más autonomía a la gestión municipal y distribuye entre los cerca de 80 municipios y las 5 comarcas indígenas del país la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales.
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