María Inés Castillo, titular de Desarrollo Social de Panamá (Mides), asistió al Ministerio Público para presentar una denuncia formal sobre el caso de abusos en los albergues que destapó en un informe la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, en la mañana de este 18 de febrero de 2021.
En sus declaraciones se notaba nerviosa. Hablaba lento.
#ElPaísDD La ministra del @mides no supo responder @micastillolopez por tema de los albergues y se escuda en uno de sus asesores. pic.twitter.com/UaiFQRCnhk
Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) February 18, 2021
"Hoy, como lo hicimos en julio del 2020 que presentamos denuncias, hoy venimos con nuestros abogados por instrucciones del señor Presidente a constituirnos en querellantes en este proceso, más que el tema legal, nosotros estamos preocupados y sentimos la preocupación del pueblo panameño y vamos a seguir trabajando en la protección de de nuestros niños, pero también queremos que se castigue a todos los responsables en este tema", manifestó la funcionaria.
El día anterior había evadido a los medios de comunicación junto a la directora de la Senniaf, Mayra Inés Silvera.
Mientras pensaba cada cosa que decía, le cayó una pregunta como un balde de agua fría que la dejó sin palabras. La funcionaria fue cuestionada sobre cómo el Mides se podía constituir en querellante de estos abusos, si en teoría ellos estaban al cuidado de los albergues.
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La ministra optó por no contestar y en buen panameño le tiró la papa caliente a uno de sus abogados, quien respondió que la ministra solo venía a presentar la querella, ya que era el interés del Ejecutivo y como presidenta de la Junta Directiva del Senniaf no puede ser parte investigadora.
Esta denuncia se da luego de las instrucciones que diera este miércoles el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, al Mides y al Senniaf para que interpusieran la querella. Recordemos que este mensaje a la Nación se dio seis días después de la presentación del informe, el mandatario manifestó su indignación con relación a los casos de abusos y maltrato en albergues financiados por el Estado.
