El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, dio a conocer que propondrá la aprobación de un reglamento de la Ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y modifica el Código Penal que no contenga disposiciones que atenten contra el ejercicio de la libertad de expresión.
La respuesta del funcionario se dio luego de una reunión con miembros de gremios periodísticos, académicos y de medios de comunicación.
Uno de los artículos más polémicos es el artículo 70, que establecería lo siguiente: "Si se comprueba que cualquier medio de comunicación ha incurrido en discriminación o violencia en contra de las mujeres, será sancionado por el Ministerio de Gobierno con una multa de mil a tres mil balboas, dependiendo de la gravedad de la violación", mientras que el artículo 30 hasta hace una referencia a la reparación del daño causado a la víctima.
Henríquez informó que promoverá un proyecto de ley en el Consejo de Gabinete para que se subroguen estos artículos y "otras leyes" que puedan contener artículos similares en los que se le da potestad al Ejecutivo de sancionar a medios de comunicación.
Sin embargo, Marcel Chery, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas Conape, sostuvo que esto es una trampa, pues "debe eliminarse cualquier posibilidad de que el Estado sancione a los medios de manera discrecional".
Adujo que "la trampa está en modificar la ley para transferir la competencia de la multa a los tribunales, en lugar de modificar para derogar la multa" y tales multas, no importa quién las imponga, son una violación a la libertad de expresión.
El abogado Ernesto Cedeño ya colocó una demanda por inconstitucional contra el artículo 70 de la Ley 82, alegando que la norma viola el artículo 37 de la Constitución de la República, que establece que "toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o cualquier otro medio, sin sugestión a censura previa".
- Atenógenes Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional de Periodismo, avaló la decisión.
