El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac presentó hoy ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que crea el Régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de ampliar el desarrollo de obras como incentivo a la inversión privada, al desarrollo social y a la creación de empleos.
Durante la exposición de motivos, el ministro Orillac destacó el impacto positivo de la aplicación de Régimen de APP así como la necesidad de realizar ajustes a la norma para mejorarla. Indicó que, desde su aprobación en 2019, Panamá ha contado con un marco regulatorio propio para desarrollar proyectos mediante esta modalidad de amplia aplicación internacional; sin embargo, luego de más de seis años y, con un balance claramente positivo, se ha determinado la necesidad de revisar su funcionamiento, evaluar los resultados e identificar los ajustes necesarios para que el sistema opere con mayor eficiencia.
Explicó que un estudio muestra que la aplicación práctica del régimen ha permitido observar que determinadas etapas resultan más extensas de lo necesario, que ciertos trámites pueden simplificarse sin menoscabo de las garantías y controles previstos, y que el marco vigente admite perfeccionamientos que faciliten una mayor y mejor participación del sector privado.
“No se trata de sustituir el modelo adoptado en 2019, sino de adaptarlo a la realidad de su funcionamiento y de recalibrarlo en aquellos aspectos en los que la experiencia nacional e internacional ha demostrado que puede mejorar, con apego a las mejores prácticas y el objetivo último de toda política pública en la materia, atender con oportunidad y calidad las necesidades de los usuarios de estas comunidades”, sostuvo el ministro ante los diputados.
Asimismo, enfatizó el impacto del déficit de infraestructuras adecuadas en el país que afecta a la población, retrae la inversión y la generación de empleos, como consecuencia de, entre otros aspectos, la postergación obras urgentes o que se ven afectas por cambios de gobierno.
“Postergar una infraestructura no equivale a diferir un gasto. Significa prolongar una carencia que recae sobre todo en quienes menos tienen y menos voz tienen para reclamarla. A ello se suma que los proyectos y contratos de APP trascienden los periodos de gobierno, por lo que su planificación debe responder a consensos básicos en todo el arco político. La infraestructura tarda años en concebirse, estructurarse y construirse y ningún proyecto serio resiste el reinicio desde cero cada vez que cambian las autoridades”, subrayó.
Con la iniciativa de modificación, se busca promover una participación más activa y eficiente del sector privado; movilizar inversión privada y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios, mediante un diseño regulatorio que incentive dicha inversión y promueva la competencia; y elevar los estándares de rigor técnico, disciplina fiscal, transparencia y control, para asegurar que cada proyecto responda a una necesidad real y entregue valor por el dinero público comprometido.
Igualmente, permitirá estructurar y ejecutar un mayor número de proyectos, en menos tiempo y con un financiamiento más eficiente. Ese efecto se proyectará sobre la vida concreta de la población: obras y servicios que llegan antes y a menor costo, empleo en su construcción y operación, así como en las actividades económicas que se dinamicen a su alrededor.
Para continuar robusteciendo el marco regulatorio del Régimen APP, la iniciativa comprende la mejora a 13 artículos existentes y la inclusión de 6 artículos nuevos, tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, acotó Orillac.
