El pasado miércoles 12 un grupo de abogados penalistas hizo un pronunciamiento sobre el traslado de privados de libertad a Punta Coco.
Este penal ha sido cerrado en tres ocasiones por recomendaciones de instancias internacionales o por la CSJ. Foto: Archivo
Este penal ha sido cerrado en tres ocasiones por recomendaciones de instancias internacionales o por la CSJ. Foto: Archivo
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Miércoles 19 de diciembre de 2018 06:30 PM

 

La detención de los privados de libertad considerados de peligrosidad extrema que se mantienen recluidos en el penal de Punta Coco, sigue generando opiniones divididas.

 

 

En esta ocasión, el jurista Osvaldo Atencio presentó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el Decreto Ejecutivo No. 72 de 30 de mayo de 2018, que fue emitido por el Ministerio de Gobierno (Mingob).

 
 
En Punta Coco hay doce reos

En esta reglamentación se crean los centros de detención preventiva para personas privadas de libertad calificadas de peligrosidad extrema.

Adicional, a la Resolución 103-R-089 de miércoles 6 de diciembre de 2018 donde se señala que el centro de detención preventiva de Punta Coco se le habían hecho algunas adecuaciones, cumpliendo con los Derechos Humanos de los privados de libertad.

 
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Atencio pide mediante este recurso, que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 72 de 2018.

 
Se viola la Constitución Nacional

Según el jurista, los decretos que crean el penal de Punta Coco violentan tres artículos (22, 28 y 32) de la Constitución Política de la República de Panamá. Sobre la presunción de inocencia, violación del debido proceso, derecho a la defensa y el régimen del Sistema Penitenciario.

 

 

 

A su juicio, señalar a los privados de libertad de peligrosidad extrema, sin que algunos de ellos hayan sido condenados es una violación a la presunción de inocencia y a los Derechos Humanos.

 
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Cabe resaltar que las autoridades del Ejecutivo se han mantenido firme en la habilitación de Punta Coco para disminuir la inseguridad que se vive en el país, la cual es achacada a las personas que denominan de peligrosidad extrema.

 

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