El presidente de la República, José Raúl Mulino, en uso de sus facultades legales, sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado que asciende a B/.35,111.75 millones para la vigencia fiscal 2027, tras ser aprobado por la Asamblea Nacional (AN) de diputados la semana pasada.
La norma, que contempla un déficit fiscal en concordancia con los objetivos de consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y cumplimiento de los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, proyecta, además, un récord en asignación para inversiones públicas por un monto de B/. 12,839.7 millones, lo que representa un 36.6% del total del presupuesto. Esto refleja un aumento en inversiones de 12% y una disminución de 5% en gastos de funcionamiento.
Se trata de un incremento significativo en comparación con el presupuesto de 2026 en cuanto a gastos relacionados con las inversiones públicas y existe una reducción del servicio de la deuda pública del gobierno central para la próxima vigencia 2027. En tanto, para funcionamiento se asignaron B/. 22,272 millones; es decir, un 63.4% del total del presupuesto.
Cabe destacar que el Presupuesto para la vigencia 2027, por recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y enfocado en reforzar proyectos y programas prioritarios para la población, incluyó incrementos en asignaciones de determinadas entidades, así como movimientos y redistribuciones presupuestarias para fortalecer su capacidad operativa y atender compromisos institucionales.
En función de lo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la evaluación técnica, presupuestaria y fiscal, considerando la disponibilidad de recursos, la naturaleza y prioridad de los gastos solicitados, su viabilidad de ejecución y la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas.
Por ello, se incorporaron modificaciones por B/.186.83 millones orientados a fortalecer las asignaciones destinadas a sectores prioritarios, incluyendo salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales, procurando una distribución más eficiente de los recursos disponibles y una mayor capacidad de respuesta de las instituciones del Estado.
