Desde hace nueve años y por parte de dos gobiernos, se ha montado una persecución despiadada en contra del candidato presidencial y asilado político, Ricardo Martinelli, que siempre ha tenido como objetivo que el mismo no mantenga una participación activa en la vida política panameña.
A través de un guion parecido al que se montó en el año 2019, durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, donde se impidió que Martinelli corriera en las elecciones para los cargos de alcalde de la ciudad capital y diputado, en la administración de Laurentino Cortizo, se ha usado el sistema de administración de justicia para impedir su candidatura presidencial el próximo 5 de mayo.
Esto a través del caso New Business, en el cual a pesar de que hubo señalamientos por parte de testigos y el perito Eliseo Ábrego, de que todos los fondos que Martinelli aportó para la compra de los medios de Grupo Epasa eran lícitos, la jueza tercera liquidadora, Baloisa Marquínez, sin mayores reparos y en tiempo record, lo condenó a 10 años de prisión, una multa de $19 millones y el comiso de los diarios Crítica, Día a Día y Panamá América.
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Esto sin dejar por fuera que este es un proceso que inició a través de una denuncia en la Asamblea Nacional (AN), por parte del diputado Jorge Iván Arrocha, servil a Varela.
Durante todo el desarrollo de este caso, el cual en menos de seis meses paso de una condena de primera instancia a la negación de un recurso de casación, algo nunca antes visto en Panamá, se ha dejado en evidencia lo manipulado que está el sistema de justicia y como se hacen diversas actuaciones para impedir que Martinelli pueda ejercer una efectiva defensa.
Prueba de ello, se dio el pasado miércoles, cuando la secretaria judicial de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siguiendo "instrucciones superiores" le negó el acceso al fallo de la negación de la casación al abogado Alfredo Vallarino, esto para impedir que pudiera presentar los recursos a favor de Martinelli que la Ley les permite, ya sea una aclaración o un recurso de revisión.
Ante esto, Vallarino comentó que el sistema de justicia panameño se ha convertido en arcaico, salvaje y despota, es decir, una dictadura judicial.
