El funcionario falso fue detectado cuando se presentó ante el departamento de Recursos Humanos del Ministerio Público.
Foto ilustrativa de las oficinas del Ministerio Público.
Foto ilustrativa de las oficinas del Ministerio Público.
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Lunes 09 de abril de 2018 07:15 AM
Un sujeto de 24 años de edad, es investigado por las autoridades en la provincia de Bocas del Toro,  por el delito de utilización de documentos falsos y usurpación de funciones públicas, al utilizar un carné falso con logo e impresión,  que presuntamente lo identificaba como funcionario del Ministerio Público.
 
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El funcionario falso fue detectado cuando se presentó ante el departamento de Recursos Humanos del Ministerio Público en el distrito de Changuinola, a solicitar  un puesto de trabajo, y es allí cuando funcionarios de la institución se percataron que el documento que utilizaba no era original.
 
Según los informes de las autoridades no era la única vez que trataba de engañar a la personas, haciéndose pasar por funcionario, ya que en otra ocasión se presentó ante la corregiduría del sector de Las Tablas, en Bocas del Toro,  a  realizar un proceso de lesiones personales haciéndose pasar por funcionario de la institución.
 
Autoridades se mantienen al margen de la investigación 
 
En una audiencia de control, el fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, Virgilio Morales presentó hechos que vinculan presuntamente a la persona investigada, con lo antes denunciado,  lo que  permitió legalizar su aprehensión y formular los cargos.
 
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Mientras que la aplicación de una medida cautelar de detención provisional fue reemplazada, cuando fue presentada  la apelación ante un Tribunal de Apelaciones, donde  se modificó la anterior por la notificación todos los miércoles de cada semana, prohibición de salida la provincia de Bocas del Toro y prohibición de actuar en representación de personas ante oficinas públicas para trámites legales.
 
Durante la audiencia se acordó tanto la fiscalía como la defensa que la investigación se dará en un término de seis meses, para que ambas partes aporten pruebas a la investigación.
 
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