El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Luis Ramón Fábrega, presentó este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investigue la liberación presuntamente irregular de un líder pandillero, considerado en su momento uno de lo "más buscados" por las autoridades.
Se trata del ciudadano panameño José Cossio, identificado por las autoridades como líder de la pandilla "Calor Calor", una de las más peligrosas del país, quien cumplía una condena de 74 meses por un caso relacionado con drogas pero fue liberado de forma anticipada y supuestamente irregular en septiembre de 2020 por un juez suplente.
Cossio fue detenido el pasado 28 de agosto cuando se desplazaba en un auto blindado y pasó por una retén policial en la acomodada urbanización capitalina de Coste del Este, y dos días después fue trasladado a Punta Coco, la cárcel insular de máxima seguridad donde cumplía su pena, de acuerdo con la información de medios locales.
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En mayo de 2021 el Segundo Tribunal de Justicia ordenó revocar la decisión del juez primero liquidador suplente Gerardo Ríos y ordenó la captura de Cossio, tras identificar irregularidades en el proceso, entre ellas que el reo no había cumplido la totalidad de la condena, informó el rotativo local La Prensa.
El Supremo informó que el magistrado Fábrega y la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, María Eugenia López, presentaron este viernes ante la Fiscalía una "denuncia penal contra un servidor judicial y cualquier otra persona que resulte responsable, a fin de que se inicie una exhaustiva investigación por la supuesta anomalía en la liberación de un sancionado, en el año 2020, sin haber cumplido la pena impuesta".
La magistrada López afirmó que los jueces del Supremo panameño "vienen mostrando de manera muy clara y contundente la voluntad de que se investigue cualquiera situación irregular que ponga en tela de duda la transparencia y la rectitud" de quienes administran justicia.
"La ciudadanía puede tener la seguridad, de que todos los magistrados estamos encaminados a ir corrigiendo las situaciones que encontremos, que no son conforme a la Ley", agregó.
La administración de la Justicia en Panamá lleva años muy cuestionada por la mora judicial, la impunidad de un sistema que permite que los magistrados solo sean procesados por los diputados y estos por el Supremo, y hasta por denuncias de venta de fallos presentadas por los propios magistrados.
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