Suspenden audiencia por caso de intoxicación con jarabe

El abogado Antonio Vargas anunció la suspensión del juicio contra los 11 imputados por la intoxicación masiva con un jarabe y otros medicamentos para la piel mezclados con dietilenglicol, que ya mató a 170 personas y afectó al menos a otros 8.000 usuarios del sistema de salud pública.

 

Vargas , abogado de las víctimas y afectados por este envenenamiento, dijo que la nueva fecha del juicio es para el lunes santos, 21 de marzo, ya que Valentín Jaén, defensa de uno de los querellados, presentó un certificado de salud de incapacidad.

 

Los familiares de las víctimas y afectados por el jarabe envenenado exigen que el juicio sea público y manifestaron que este aplazamiento es una burla ya que han esperado 10 años para que se haga justicia.

 

El disgusto por la noticia provocó que las personas cerrarán la vía frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 

Entre los que serán juzgados están los empresarios Ángel de La Cruz y Teófilo Gateno, por la supuesta comisión de los delitos "contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal".

#ElPaisDD Molestos se sienten los afectados por dietilenglicol tras suspensión de audiencia. Vía: @robertcofla01 pic.twitter.com/oJ1Q246bW3

— Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) 14 de marzo de 2016

La Caja de Seguro Social (CSS), compró en un proceso iniciado en 2003 unos 9.000 kilos de una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró un jarabe y pastas para la piel, que resultó ser de uso para refrigerante industrial y no para consumo humano, por contener la sustancia venenosa dietilenglicol.

 

Los primeros casos de envenenamiento se conocieron en 2006, y hasta 2015 se contabilizaban las muertes de 170 personas de un total de 8.000 que se calcula que podrían estar afectadas.

 

En diciembre de 2010, el MP de Panamá formuló cargos contra 23 personas por este caso, incluyendo a la gerente de la empresa española Rasfer Internacional S.A., compañía que se encargó de embarcar el producto al país centroamericano y que a su vez lo había adquirido en China.

 

Hace un año, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó una ley que reconoce a las víctimas de la intoxicación masiva para que tengan acceso oportuno a atención médica, medicinas y a una pensión vitalicia.

 

La ley creó además una Comisión de Seguimiento, para la atención de las víctimas de la intoxicación masiva y de sus familiares, adscrita al Ministerio de Salud.

 

Este proyecto modifica artículos de leyes anteriores de 2013 y 2010 que no satisfacían a las víctimas y sus familiares.

 

El 3 de mayo de 2013, seis víctimas del envenenamiento masivo en Panamá en 2006 y la Caja de Seguro Social demandaron a España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) por la muerte de 170 personas, al considerar que la Audiencia Nacional española archivó el caso sin practicar las diligencias necesarias.