Según los sindicatos de trabajadores, las medidas laborales que se han tomado deberían enfocarse en proteger a la parte más débil de la relación entre el capital y el trabajo, es decir a la clase trabajadora.
Así se establece en el Artículo 78 de la Constitución de Panamá.
En ese sentido, se entiende que la intención del gobierno al reglamentar la suspensión de los contratos de trabajo mediante el Decreto No. 81 del 20 de marzo de 2020, era garantizar los empleos después que finalice la crisis.
La clase trabajadora exige al gobierno y estará vigilante para que se sancione severamente a las empresas que no cumplan con la ley, para que paguen efectivamente los salarios del personal tal como señala el Decreto No. 81 de 20 de marzo de 2020.
Lea también: Ticos no permiten el ingreso de africanos y asiáticos desde Panamá
Denunciamos que, en el caso del sector doméstico, las trabajadoras del hogar son sacadas de sus trabajos de manera arbitraria sin pago para sostenerse durante la crisis y otras son despedidas injustificadamente sin la cancelación de sus derechos adquiridos.
Las familias de estas trabajadoras han sido dejadas en total desamparo.
Igual ocurre con los trabajadores informales o no registrados, que laboran en empresas formales e informales y que de la noche a la mañana se quedaron sin ingresos y sin las vías para reclamar ante las autoridades del trabajo.
Así mismo, solicitamos que se adopte como un mandato legal, medidas como la utilización de las vacaciones, el pago proporcional del décimo tercer mes y de una bonificación extraordinaria por parte de las grandes empresas, debido a que la mayoría del empresariado no escuchó estas recomendaciones, con el fin de esperar la autorización de la suspensión de los contratos de trabajo y así eximirse de sus responsabilidades, al enviar a los trabajadores y trabajadoras a sus casas sin ningún costo económico para ellos.
Vea además: Redlad reconoce esfuerzo de gobiernos frente a pandemia de COVID-19
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral debe jugar un rol determinante para que esta medida sea aplicada principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresa.
Que se fiscalice que el Decreto No.81, no se convierta en un mecanismo para que las grandes empresas conserven sus insultantes márgenes de ganancia en este contexto de crisis.
Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de la república para que, en virtud del precepto constitucional, la justicia y la paz social, tome las decisiones y medidas laborales acertadas que restablezcan el equilibrio social y le devuelva a la clase trabajadora la disponibilidad de los ingresos y la certeza de sus derechos.
