La Universidad de Panamá anunció oficialmente la prohibición, en todo el territorio nacional, de solicitar certificados de salud mental como requisito para acceder a empleos, estudios o realizar trámites administrativos dentro de la institución, en cumplimiento de una disposición emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).
La medida fue comunicada mediante una circular firmada por el rector Eduardo Flores Castro, fechada el 12 de mayo de 2026, en la que se instruye a todas las unidades académicas y administrativas suspender de manera inmediata cualquier requisito relacionado con este tipo de certificaciones.
La disposición se fundamenta en la Circular N.° 083/DGSP/DSAIP/SNSM emitida por la Dirección General de Salud Pública del Minsa el pasado 15 de abril de 2026, dirigida a universidades públicas y privadas del país.
El documento establece que exigir certificados de salud mental constituye una práctica prohibida en todo el territorio nacional cuando se utilice como condición de acceso al empleo, la educación o cualquier trámite administrativo de carácter general.
En la circular difundida por la rectoría, Flores Castro señala que esta normativa responde a lo establecido en la Ley 364 de 6 de febrero de 2023, que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional, además de otras reglamentaciones vigentes en materia sanitaria y de derechos humanos.
El rector enfatizó que las evaluaciones psicológicas o de salud mental únicamente podrán realizarse en casos excepcionales, debidamente justificados y conforme a la normativa vigente, “nunca como requisito” obligatorio para estudiantes, docentes, administrativos o aspirantes.
Entre las medidas ordenadas por la Universidad de Panamá se encuentran: Suspender inmediatamente cualquier formulario o trámite que exija certificados de salud mental; revisar y actualizar reglamentos internos, procedimientos y convocatorias institucionales; capacitar al personal responsable de procesos administrativos y académicos sobre la nueva disposición y garantizar la divulgación de esta normativa en todas las unidades universitarias.
La decisión ha sido interpretada como un avance en materia de derechos humanos y no discriminación, especialmente en un contexto donde organizaciones vinculadas a la salud mental han cuestionado durante años la utilización de este tipo de documentos como filtros de acceso laboral o educativo.
La Universidad de Panamá también mantiene programas institucionales orientados al acompañamiento psicológico y psicoacadémico de sus estudiantes, aunque diferenciando claramente entre apoyo psicológico voluntario y requisitos administrativos obligatorios.
La medida adoptada por la rectoría se alinea con las nuevas políticas nacionales impulsadas por el Minsa para evitar prácticas discriminatorias relacionadas con la salud mental y promover un enfoque más inclusivo dentro del sistema educativo panameño.
