Diversos gremios magisteriales de Panamá, como la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) y la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), anunciaron una huelga nacional de 24 horas para el viernes 21 de marzo y una marcha nacional el 18 de marzo. Además, llevarán a cabo asambleas regionales para coordinar nuevas acciones. Todo esto en rechazo a la reciente aprobación del proyecto de ley 163, que reforma la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
Los docentes consideran que la ley amenaza el sistema solidario de pensiones y advierten que podrían intensificar las protestas si el presidente sanciona la ley.
Por su parte, Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, criticó que la ley se haya aprobado sin consenso social, y recalcó que el pueblo exige un sistema de pensiones "público, solidario y de reparto", que garantice pensiones dignas superiores al 60%.
El proyecto de ley 163, aprobado en tercer debate con 48 votos a favor y 23 en contra, mantiene por ahora la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres), aunque en 2031 se revisará la posibilidad de aumentarla hasta un máximo de tres años. Además, establece una tasa de reemplazo del 60% del salario promedio y permite que la CSS contrate hasta dos intermediarios financieros para manejar inversiones, aunque sin renunciar al control estatal.
También se incluye que el Estado deberá aportar anualmente 966 millones de dólares para cubrir el déficit del programa de pensiones.
El presidente José Raúl Mulino celebró la aprobación del proyecto, declarando sentirse "satisfecho" y defendiendo que es una propuesta "responsable y coherente", aunque reconoció que "no es perfecta". Indicó que espera sancionar la ley pronto.
Sin embargo, la ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió a los docentes que no permitirá que la huelga afecte el inicio del año escolar, declarando: "Vamos a hacer cumplir la ley".
Criticó las razones de los gremios, argumentando que "han ido cambiando", y pidió a los educadores priorizar la enseñanza de los estudiantes, señalando los riesgos sociales de la deserción escolar.
