Con el rostro casi tapado, una bufanda celeste sobre su cabeza y un sobre amarillo en mano. Lucía su cabello algo largo y teñido rubio, así llegó Milagros Lay a eso de las 7:46 a.m. a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, para lo que sería su audiencia de fase intermedia proceso de investigación.
Recuento
El 17 de abril de 2017, personal médico del Instituto Oncológico Nacional (ION), advirtió que Lay, una mujer que al menos desde 2016 de forma pública afirmó ser paciente de cáncer para recolectar dinero nunca había sido tratada en ese nosocomio.
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El 7 de septiembre del año pasado, ante un Tribunal de Apelaciones le ratifican medidas cautelares como, impedimento de salida del país, prohibición de redes sociales y reportarse todos los miércoles, tras ser imputada por el delito contra el patrimonio económico estafa. Su hermano, Emir Córdoba también se le imputaron cargos en calidad de cómplice primario y se le prohibió salir del país y firmar los 15 de cada mes.
Milagros participó en varias campañas contra la lucha del cáncer y famosos del patio como Franklyn Robinson e Ingrid De Ycaza le brindaron apoyo, ya que ella solicitaba 30 mil dólares para la compra de un medicamento para tratar la supuesta enfermedad. En diversas entrevista reveló que le quedaban seis meses de vida.
¿Qué pasó en la audiencia?
Alrededor de las 8:02 a.m. arrancó la audiencia y casi de inmediato la juez de garantía decretó un receso de 20 minutos a solicitud del Ministerio Público para explicarle a las partes algunos procesos como lo es el método alterno de resolución de conflictos.
A las 8:49 a.m. se reanudó el acto de audiencia y la fiscal de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, Fátima Sánchez en representación del Ministerio Público argumentó los hechos donde resultaron afectados los ciudadanos Franklyn Robinson, Ingrid De Ycaza y Yoadmari Ríos Acosta por el delito antes mencionado estafa.
Ante la ausencia de una de las afectadas, se solicitó la reprogramación de la fecha, en base al artículo 80 del Código Procesal Penal el cual señala, que es imperante poner en conocimiento sobre el proceso y sobre los métodos alternos de solución al conflicto al cual las partes acordaron. Dicha fecha es el 10 de mayo a las 8:00 a.m.
Con esta reprogramación, las partes buscan negociar para lograr un acuerdo de pena, el cual debe ser aprobado por la defensa del implicado.
¿Pa' la cárcel?
Para entender un poco más sobre estas negociaciones de posibles acuerdo de pena, conversamos con el abogado penalista, Benito Mojica, quien explicó: "Con el acuerdo de pena el implicado busca que su situación pueda verse un poco mejor, pero con esto está aceptando el delito y muestra un interés de arrepentimiento... Ella puede pedir acuerdo de pena, pero el que tiene el control de eso es el Ministerio Público".
Agregó que la imputada Lay en estos momentos, "el juez de garantía es el que decide qué pena va a imponer porque ella no ha sido condenada, luego de la condena impuesta ella puede pedir ante un juez de cumplimiento cualquier subrogado para evitar la cárcel... El fiscal no está obligado a hacer lo que ella quiere. Él fiscal puede pedir 62 meses de cárcel para que la pise. Ella podría pisar la cárcel, ¿quién ha dicho que no? Esto no es tan sencillo, como que yo acepto mi pena, no piso la cárcel y aquí no ha pasado nada".
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Cabe señalar que según el Artículo 226 del Código Penal, la condena por el delito de estafa es de cinco a ocho años de prisión, por lo que el fiscal puede ofrecerle los cinco años y dos meses tras las rejas 62 meses.
Pueden pedir platita
En esta misma línea, Mojica mencionó que los querellantes, en este caso Ingrid, Franklyn y Yoadmari pueden pedir un resarcimiento por daños y perjuicios. "Ellos pueden pedir esto y que la imputada les pague la misma cantidad de dinero que ella pidió: los 30 mil dólares", dijo el jurista.
El abogado Mojica expresó: "En ese delito hubo premeditación, ventaja y alevocía porque ella sacó provecho para sí misma, se aprovechó de la buena fe de la gente".
