Londres, Inglaterra/EFE
La vista judicial sobre la petición presentada ante el Tribunal Supremo por activistas británicos para cambiar la legislación que prohíbe la asistencia médica al suicidio, comenzó hoy.
Jane Nicklinson, viuda de un tetrapléjico que intentó sin éxito morir ayudado por los médicos, y Paul Lamb, exobrero de 57 años paralizado por un accidente de tráfico, llevaron el caso ante la máxima instancia judicial del Reino Unido.
Ambos pretenden que el Tribunal Supremo introduzca cambios en la actual normativa para que las personas con discapacidad tengan derecho a recibir asistencia médica con el fin de poder morir con dignidad.
Los jueces tendrán que determinar si la ley que prohíbe el suicido asistido en el Reino Unido, de 1961, es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos al negar a Lamb, y a otros en su situación, el derecho a escoger cuándo morir.
En la audiencia que empezó hoy en Londres, que durará cuatro días, ese tribunal compuesto por nueve magistrados -y no de cinco, como es habitual- comenzó a escuchar los argumentos y se prevé que el fallo se dicte el próximo año.
Jane Nicklinson y Lamb defienden que los médicos deberían poder ayudar a morir a aquellas personas que tengan un deseo "voluntario, claro, firme e informado" de poner fin a su vida pero no pueden llevarlo a cabo sin asistencia médica.
En la vista, el abogado Paul Bowen, que representa los intereses de Nicklinson y Lamb, argumentó que la actual situación ha tenido "consecuencias crueles y extraordinarias" para algunos discapacitadas.
Según el letrado, esos enfermos no han podido terminar con "un sufrimiento insoportable con dignidad" y esa situación les ha dejado con la opción de optar por una muerte "menos digna", que podría implicar que otras personas afrontaran cargos judiciales.
Jane Nicklinson, de 58 años, dijo hoy que se siente "confiada" en que su caso pueda resolverse con éxito.
Su marido, Tony Nicklinson, que padecía una parálisis completa de cuello para abajo, intentó sin éxito lograr protección legal para que, llegado el momento, un médico pudiera ayudarlo a morir sin afrontar cargos por asesinato.
Entonces, un juez del Tribunal Superior de Londres falló en su contra al argumentar que un dictamen favorable hubiera implicado un cambio drástico en la legislación británica sobre asesinato.
Tras ese fallo, Tony Nicklinson se negó a comer y murió una semana después en su casa de Wiltshire, el 22 de agosto de 2012.
La vista judicial sobre la petición presentada ante el Tribunal Supremo por activistas británicos para cambiar la legislación que prohíbe la asistencia médica al suicidio, comenzó hoy.
Jane Nicklinson, viuda de un tetrapléjico que intentó sin éxito morir ayudado por los médicos, y Paul Lamb, exobrero de 57 años paralizado por un accidente de tráfico, llevaron el caso ante la máxima instancia judicial del Reino Unido.
Ambos pretenden que el Tribunal Supremo introduzca cambios en la actual normativa para que las personas con discapacidad tengan derecho a recibir asistencia médica con el fin de poder morir con dignidad.
Los jueces tendrán que determinar si la ley que prohíbe el suicido asistido en el Reino Unido, de 1961, es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos al negar a Lamb, y a otros en su situación, el derecho a escoger cuándo morir.
En la audiencia que empezó hoy en Londres, que durará cuatro días, ese tribunal compuesto por nueve magistrados -y no de cinco, como es habitual- comenzó a escuchar los argumentos y se prevé que el fallo se dicte el próximo año.
Jane Nicklinson y Lamb defienden que los médicos deberían poder ayudar a morir a aquellas personas que tengan un deseo "voluntario, claro, firme e informado" de poner fin a su vida pero no pueden llevarlo a cabo sin asistencia médica.
En la vista, el abogado Paul Bowen, que representa los intereses de Nicklinson y Lamb, argumentó que la actual situación ha tenido "consecuencias crueles y extraordinarias" para algunos discapacitadas.
Según el letrado, esos enfermos no han podido terminar con "un sufrimiento insoportable con dignidad" y esa situación les ha dejado con la opción de optar por una muerte "menos digna", que podría implicar que otras personas afrontaran cargos judiciales.
Jane Nicklinson, de 58 años, dijo hoy que se siente "confiada" en que su caso pueda resolverse con éxito.
Su marido, Tony Nicklinson, que padecía una parálisis completa de cuello para abajo, intentó sin éxito lograr protección legal para que, llegado el momento, un médico pudiera ayudarlo a morir sin afrontar cargos por asesinato.
Entonces, un juez del Tribunal Superior de Londres falló en su contra al argumentar que un dictamen favorable hubiera implicado un cambio drástico en la legislación británica sobre asesinato.
Tras ese fallo, Tony Nicklinson se negó a comer y murió una semana después en su casa de Wiltshire, el 22 de agosto de 2012.
