La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú dejó hoy al voto su resolución sobre la apelación que la defensa del ex presidente Alberto Fujimori presentó contra la anulación del indulto que le fuera otorgado el año pasado y que lo obliga a regresar a prisión.
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La sala, formada por los jueces Jorge Salas Arenas, Araceli Baca Cabrera y José Neyra Flores, anunció tras escuchar por tres horas tanto a la defensa de Fujimori como a los representantes de los deudos y las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos por los que el exmandatario fue condenado que tomará su decisión dentro del plazo que marca la ley, es decir, en 48 horas.
Si los jueces aceptan la apelación, el polémico indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en la Navidad de 2017 volvería a quedar vigente y éste no estaría obligado a regresar a prisión.
Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori el indulto
En caso contrario, deberá reingresar en prisión a cumplir los 14 años de pena que le restan de los 25 que le fueron impuestos en 2009 como autor mediato (dominio de hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en el contexto de la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de Sendero Luminoso.
El indulto fue anulado el 3 de octubre por el juez de la Corte Suprema, Hugo Núñez, por las irregularidades que hubo en su proceso y tras un recurso presentado por los familiares de las víctimas de los crímenes de Fujimori.
El juez argumentó además que el indulto era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que forma parte el Estado peruano.
Derechos humanos
Ese mismo día, Fujimori fue hospitalizado aduciendo una descompensación y desde entonces sigue en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada en Lima.
Kuczynski otorgó el indulto bajo severas sospechas de tratarse de un acuerdo político, ya que le otorgó la libertad apenas tres días después de haber sido salvado por un grupo de diputados fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, de ser destituido por el Congreso.
La gracia, que lo eximió de la prisión, de la reparación civil y de ser incluido en otros procesos legales ya en marcha, fue otorgada bajo el supuesto de que Fujimori sufre una supuesta enfermedad grave y degenerativa que se agudizaba en la cárcel, sin que especificara exactamente de cuál se trataba.
César Nakasaki, el abogado de Fujimori, solicitó a la Corte que revoque el acto procesal del indulto, la insubsistencia de todo el proceso judicial por este caso, así como que sea inadmisible que las reparaciones sean reclamadas a través del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Por su parte, Carlos Rivera, uno de los abogados de los deudos de las víctimas, defendió que la anulación del indulto obedece al derecho a la Justicia de sus defendidos y que por eso debe sostenerse.
