El Senado brasileño destituyó hoy a la mandataria Dilma Rousseff por 61 votos a favor y 20 en contra, en una decisión que también confirma como presidente de Brasil a Michel Temer, quien seguirá en el poder hasta el 1 de enero de 2019.
La decisión supone el fin de un trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional de un juicio que Rousseff, condenada por graves irregularidades fiscales, califica de golpe.
El pleno del Senado irrumpió a cantar el himno nacional en el momento en que se anunció la decisión, pero fue interrumpido por una nueva votación, en la que se decidirá sobre una pena adicional, que sería la suspensión de sus derechos políticos durante ocho años.
Rousseff ha sido hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del Gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso, que califica de golpe.
De ruptura constitucional y golpe hablaron hoy los senadores que hicieron la última defensa de la mandataria, que llegaron a tildar de canallas a aquellos senadores que apoyaban la destitución.
Esto es una farsa, farsa, farsa. Es un proceso basado sólo en pretextos que será juzgado por la historia, afirmó el senador del Partido de los Trabajadores (PT), Lindbergh Farías.
Replicó el senador Ronaldo Caiado, del derechista partido Demócratas (DEM), quien afirmó que canallas son los que se enriquecieron ilícitamente, canallas son aquellos que quebraron Petrobras, canallas son aquellos que dejan a Brasil en una situación crítica.
La destitución de Rousseff confirma en el poder a Michel Temer, quien completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019, para el que Rousseff había sido reelegida en octubre de 2014.
Rousseff conserva sus derechos políticos y los beneficios de expresidentes
Rousseff conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los ex jefes de Estado tras la decisión del Senado, según la sentencia leída hoy por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.
Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución, la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.
Pese a que se preveía que su destitución la condenaba automáticamente a la pérdida de los derechos políticos por un período de ocho años, como ocurrió en 1992 cuando Fernando Collor fue sometido a un juicio político semejante, un recurso presentado a última hora por el Partido de los Trabajadores (PT) salvó a Rousseff de la inhabilitación política.
Antes de la votación definitiva, Lewandowski advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o trabajar en un merendero en una escuela pública, ya que la inhabilitación comprende no sólo mandatos sino también cargos públicos.
Ante la petición del PT, el presidente del Tribunal Supremo aceptó realizar una primera votación para decidir si la presidente sería destituida y una segunda para establecer si se la inhabilitaba para el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años.
En la primera votación, 61 de los 81 senadores votaron por la destitución y 20 la absolvieron, y en la segunda 42 parlamentarios se inclinaron por inhabilitarla, 36 por mantenerle los derechos y tres se abstuvieron. Pero la sanción exigía la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado (54 votos) por lo que Rousseff consiguió mantener sus derechos políticos.
La presidenta destituida también conserva los beneficios de los ex jefes de Estado, por lo que podrá nombrar a ocho funcionarios de su preferencia para que le sirvan como asesores, guardaespaldas y conductores.
La exmandataria también tendrá a su disposición dos automóviles públicos con matrícula oficial. Igualmente tendrá derecho a regresar a su casa, en la ciudad de Porto Alegre, en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), aunque no volverá a tener a su disposición las aeronaves oficiales.
El decreto que establece los beneficios también prevé que el Estado asuma los costos de la transferencia de sus pertenencias personales y del llamado acervo presidencial, principalmente documentos, hasta su nuevo lugar de residencia.
El mismo decreto, sin embargo, establece que tendrá que desocupar el Palacio de la Alvorada, la residencia privada de los jefes de Estado, aunque no prevé un plazo, y la priva de seguir recibiendo salario mensual del Estado de 30.000 reales (9.090,9 dólares).
