Un cadáver envuelto en una sábana amaneció este sábado a la intemperie, en una banca y bajo la sombra de un parasol. Sobre él, un ramo de flores y un cartel con la leyenda hemos llamado al 911 y no hay ayuda. Ocurrió en un parterre de Sauces 8, un sector guayaquileño de clase media, cuyos habitantes no daban crédito a lo que veían y trataban, recelosos, de registrar la escena con sus celulares.
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Lo curioso es que esa mujer no falleció por coronavirus, sino por un problema intestinal que se complicó durante la pandemia. Sus familiares no pudieron internarla en un hospital, debido a que todos están colapsados por la emergencia sanitaria provocada por la Covid19 que, según cifras oficiales hasta la tarde del 4 de abril, ha cobrado la vida de 318 personas (172 confirmados y 146 sospechosos) y ha contagiado a otras 3465 en todo el país. El 70% de ellas están en esta ciudad de 2700.000 habitantes.
Sin embargo, las cifras no concuerdan con lo que ocurre en los barrios urbanos y suburbanos del Puerto Principal, la capital económica del país, donde cientos de personas denuncian a diario, en redes sociales, que los cuerpos de sus familiares no han sido retirados de sus casas por los policías acreditados y que se descomponen a la vista de todos. Esto ha engrosado la lista de subregistros de cadáveres no confirmados con la COVID-19, pero reportados como víctimas de patologías neumológicas o problemas respiratorios severos.
El trámite previsto por las autoridades para sepultarlos es engorroso. Primero hay que comunicarse con el centro ECU-911 y reportar el deceso. Luego, se notifica al Departamento de Medicina Legal para levantar información y emitir el certificado de defunción. De inmediato hay que acudir al Hospital de Infectología con el fin de solicitar el permiso de inhumación del cuerpo para después inscribirlo en el Registro Civil, que un mes después de la emergencia activó una dirección electrónica para hacer el trámite en línea.
Pero ahí no acaba el drama. Con toda la documentación, que puede demorar horas o incluso días, llega la tarea de hacer interminables filas en los cementerios para pedir un turno para inhumar los restos, lo cual tampoco es fácil, ya que la capacidad de los camposantos está desbordada. El mismo panorama se vive en las funerarias, donde el precio de un ataúd por estos días va de 500 a 1.200 dólares, cifra bastante alta si se considera que el salario básico mensual es de 467 y el pago aún es incierto.
Incluso se analizó la posibilidad de instaurar una especie de fosa común, que después derivó en camposanto, para resolver la pestilencia que emanaba de los restos descompuestos, pero la idea fue descartada ante los reclamos ciudadanos. Mientras tanto, el Municipio de Guayaquil gestionó la entrega de contenedores con sistema de frío como medida de evacuación, en vista de que en las morgues ya no cabe ni un alfiler.
Hay que andar con cuidado
Incluso el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Seguro Social, se vio obligado a cerrar el área de emergencias para desinfectarla, por la alta carga viral que provocó la arremetida de personas con síntomas gripales. Además, sus representantes afirmaron en un comunicado que médicos y enfermeras ya se habían contagiado. Precisamente en este lugar se filmaron videos de muertos embalados y amontonados en los patios de la casa de salud, lo cual fue confirmado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La crisis se profundiza por la falta de reactivos para confirmar la enfermedad, lo que ha provocado una reacción ciudadana afuera de laboratorios privados, que dejaron de atender por falta de implementos. Las muestras deben ser trasladadas a Quito, la capital del Ecuador, ubicada a más de 400 kilómetros por tierra, es decir entre siete u ocho horas de camino. Cuando llegan los resultados, es muy probable que el paciente haya perdido la batalla contra el virus, en el peor de los casos. Al principio, la exministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció a inicios de marzo la llegada de 2 millones de pruebas, noticia que fue desmentida por su sucesor, Juan Carlos Zevallos. Actualmente, no existen suficientes reactivos, ni para quien puede pagarlos.
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Además, el toque de queda implantado por el régimen del presidente del República, Lenín Moreno, ha sido modificado tres veces en lo referente al permiso de circulación vehicular, según el número de placa. El último intento por detener la pandemia dispone que nadie se movilice los fines de semana. En Guayaquil, el tránsito fluye por las calles casi todos los días, lo que da la impresión de que la medida, que rige desde las 14:00 hasta las 05:00 -con excepción de los sectores de alimentos, salud y comunicaciones-, se incumple a diario.
Los porteños dejan el encierro, que empezó el 17 de marzo pasado, forrados obligatoriamente con mascarillas y guantes para abastecerse de alimentos que ya escasean en tiendas y mercados-, y buscan medicamentos formándose afuera de las farmacias o prueban suerte en laboratorios u hospitales para verificar su estado de salud.
Así transcurre la emergencia en este país sudamericano, en el que, en medio de la crisis, ya comenzaron a investigar a autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por supuestos sobreprecios en la compra de insumos médicos a una empresa de alimentos por $10 millones, así como de la firma de un contrato por $1,4 millones para una agencia de publicidad.
