Human Rights Watch (HRW) calificó hoy como una calamidad para los derechos humanos el primer año de mandato del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, debido a su guerra contra las drogas a la que atribuye más de 7.000 muertos.
La asesina campaña antidroga, además del enjuiciamiento a quienes la critican y la masificación de las cárceles filipinas han reducido drásticamente el respeto de los derechos básicos desde la investidura de Duterte el 30 de junio de 2016, denunció la organización en un comunicado.
HRW señaló que, según datos del Gobierno, entre los muertos de la campaña contra las drogas hay 3.116 supuestos drogadictos y traficantes abatidos por las fuerzas de seguridad tras presuntamente oponer resistencia durante las redadas.
La organización atribuyó el resto de las muertes a la acción de pistoleros o patrullas vecinales amparadas en la impunidad brindada por Duterte, si bien la mayoría de estos casos figuran oficialmente como homicidios bajo investigación.
HRW también culpó al Gobierno por el acoso de los seguidores del presidente a quienes se muestran críticos con la campaña antidroga, y denunció el enjuiciamiento por motivos políticos de la senadora Leila de Lima, una de las más feroces críticas de la actual administración.
En paralelo, la cruzada contra las drogas ha empeorado las ya deplorables condiciones de las instalaciones carcelarias de Filipinas, incluyendo alimentos inadecuados y condiciones insalubres, según HRW.
Las cárceles de Filipinas, cuya capacidad es de 20.399 personas, acogen actualmente a 132.000 reclusos, según datos de las autoridades penitenciarias, un hacinamiento que la ONG atribuye al aumento de encarcelamientos de sospechosos de delitos de drogas.
Rodrigo Duterte cumplirá el viernes un año de mandato en el que ha recibido numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos, aunque ha mantenido una alta popularidad entre la ciudadanía con índices de apoyo cercanos al 80 por ciento.
El presidente ha prometido en numerosas ocasiones limpiar Filipinas de narcotraficantes y adictos al considerar que las drogas, y especialmente la metanfetamina conocida como shabú, están destruyendo a las nuevas generaciones del país.
Desde su llegada al poder, las autoridades aseguran que los delitos han bajado un 30 por ciento, más de 1,2 millones de toxicómanos y narcotraficantes se han entregado a la Policía y se ha detenido a más de 65.000 sospechosos.
