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Familias de Achiote solicitan legalizar su estatus de tierras

Bajo este panorama se encuentran unas 60 familias, a la que también se ubican las zonas de Cristóbal y Achiote, en el distrito de Chagres, se sienten preocupadas.

Diómedes Sánchez

Familias del área de Batería 35 en la Costa de Abajo de Colón, solicitan al gobierno que se legalice su estatus en tierras que han trabajado y habitado por más de 60 años.

Bajo este panorama se encuentran unas 60 familias, a la que también se ubican las zonas de Cristóbal y Achiote, en el distrito de Chagres, se sienten preocupadas.

 

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Esto debido a que las áreas que ellos han trabajado y en donde residen por más de 60 años, se encuentran dentro de un área protegida establecida a través de la Ley 41 de 1998, por lo que no son sujetos a titulación, sintiendo que esto atenta contra su calidad de vida.

Gregoria Rodríguez del Grupo Campesino de Batería 35, Achiote, y representantes de estas comunidades, junto Leopoldo Burbúa, representante de corregimiento de Achiote y el alcalde de Chagres, Darinel Domínguez, se apersonaron a la gobernación de Colón, tras ocho meses de haber entregado una nota al propio Presidente de la República Laurentino Cortizo, durante una de sus giras de trabajos comunitarias en esta región de Colón, para presentar su preocupación ante la primera autoridad de la provincia y lograr así una entrevista con el mandatario.

 

 

 

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“Estamos solicitando humildemente al gobierno que se nos permita vivir y trabajar en los terrenos que humildemente ocupamos desde los años 70, somos unas 60 familias y ahora se nos quiere sacar del sector, por ser supuestamente invasores, sin embargo, al promulgarse la Ley, ya nosotros estábamos ahí”, dijo Rodríguez.

Destaca la dirigente de estas familias, que MiAmbiente a través del director regional, envía a los funcionarios de la institución, que les impide hacer construcciones de cemento, no pueden construir sanitarios, no pueden hacer sus viviendas, truncándoles el aprovechamiento de sus tierras.

A todo esto el alcalde Domínguez destacó que desde hace ya algunos meses se ha estado presentando la inquietud, ya que MiAmbiente los trata como invasores.

Sin embargo, ellos tienen un documento de la antigua ARI, que data del año 1999 y en donde les concedía el permiso para poder desarrollar el trabajo de sus tierras.

Mientras Iracema de Dale, gobernadora de Colón informó que luego de reunirse con esta delegación de campesinos, reconoció que estas familias trabajan y viven en esta tierras desde hace muchos años.

 

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