La decisión de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) de quitar al Ministerio de Salud (Minsa), unas 61 hectáreas en La Chorrera, dejó al descubierto la venta y titulación -presuntamente ilegal- de una parte de este predio a ciudadanos particulares.
A través de la Resolución 37 del 17 de enero de 2018, la Anati dejó sin efecto el concepto de uso y administración que poseía el Minsa sobre estas 61 hectáreas de la finca No.9058, en donde se encuentra el hospital Nicolás Alejo Solano.
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El hecho ha sido criticado por activistas y abogados del distrito, quienes han procedido a interponer varias denuncias criminales.
La última denuncia, fue interpuesta por el abogado Raúl Ossa y Anayansi Acevedo entre otros, en contra de quien resulte responsable de la comisión de Delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Diversas Formas De Peculado.
Ossa De La Cruz, indicó que es falso el argumento de los particulares ante la Anati de contar con derechos posesorios sobre parte de la finca y haber usufructuado de ellas.
Según el jurista, para la obtención de los terrenos, los particulares también presentaron supuestas falsas declaraciones juradas.
Este proceso ilegal de venta es una componenda entre funcionarios de la Anati, testaferros, tramitantes y comerciantes, dijo Ossa.
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Los juristas aseguran haber detectado al menos 12 expedientes en donde se tramita la venta de aproximadamente 25 hectáreas de las 61 que posee esta finca y que comenzaron a tramitarse en el años 2015.
En uno de los casos, se segregaron 2 hectáreas más 9,843.39 metros cuadrados de la finca a un costo de B/.135,488.99; lo cual advierte el abogado Ossa no representa el valor comercial real de la tierra.
Buscan frenar las ventas ilegales
Para el 19 de abril de 2019, la Anati adjudicó el título de propiedad al solicitante del predio, ello pese a que en el 2017, indicó el Alcalde Tomás Velásquez, había solicitado a la Anati frenar cualquier tipo de trámite sobre la finca 9058.
La segregación de esta finca también tomó por sorpresa al director regional de Salud, Joaquín Chang y del hospital Nicolás Solano, Secundino Sugasti, quienes presentaron una nota de advertencia ante la Anati.
Los directivos de salud indicaron que no permitirán la expropiación de estas tierras por sujetos desconocidos, ya que no reconoce derecho de goce ni uso alguno durante estos últimos diez años a ninguna persona.
Los terrenos de la finca 9058 actualmente están siendo objeto de una invasión por parte de precaristas.
