A pesar de los casos de mala praxis que se han dado en Panamá, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sigue realizando consultas para determinar si el proyecto 566 que establece la humanización e los servicios de salud, la prevención y la sanción de la mala praxis puede hacer realidad o no.
El Defensor del Pueblo expone la Conferencia: «Humanización de los Servicios de Salud: Prenvención y Sanción de la Mala Práxis en Materia de Salud». pic.twitter.com/naKF9QHTp8
Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) 19 de noviembre de 2018
Según Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente y Familiares, 119 casos de mala praxis médica se han registrado en el país durante los últimos 16 años, a consecuencia de la mala relación que existe entre el médico y el paciente, sin embargo, manifestó que la población tiene temor de demandar a los médicos.
El diputado Crispiano Adames, quien sigue al frente de dicha comisión, comentó que antes de su debate es importante conocer los puntos de vista de aquellos que han atravesado un mal proceso en el ámbito de salud y para que más allá de la categorización de un hecho penal, también se puedan realizar cambios a nivel de administración pública.
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Por su parte, el Dr. Erick Ulloa, viceministro de Salud, dijo que es importante consolidar algunas medidas que se han tomado en el ministerio y que son necesarias. Explicó que es importante la relación entre los pacientes y sus familiares; sin embargo, consideró que el personal de salud también tiene sus necesidades como la falta de equipo e insumos.
En qué consiste el proyecto
El Proyecto de Ley 566 establece la humanización de los servicios de salud, la prevención y la sanción de la mala praxis en salud. El proyecto de ley contiene 40 artículos entre los que contempla aspectos relacionados con el trato humanizado, la responsabilidad del Estado en cuanto a los servicios de salud, ofrecerle al pueblo la posibilidad de cubrir satisfactoriamente el acceso a la salud, entre otros puntos.
Hasta la fecha no se ha llegado a consenso entre afectados, médicos y sociedad civil.
