El diario La Prensa de Panamá informó este sábado de que sus cuentas y acciones por valor de hasta 1,3 millones de dólares fueron secuestradas por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en un litigio civil por daños y perjuicios de hace 8 años y en el que reclama 5,5 millones de dólares.
"La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información ya que reprime la continuidad operativa de la empresa, en vista de que con ella congelan los fondos para cumplir con nuestras obligaciones contractuales", dijo el presidente de la Corporación La Prensa (Corprensa), Diego Quijano.
El secuestro fue decretado formalmente el pasado 22 de junio por la juez Décimo Quinta Civil, Lina Castro de León, por una demanda civil admitida en marzo de 2012 y que aún no se ha resuelto, indicó este sábado el rotativo.
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Reclama millones de dólares
Pérez Ballaradares reclama 5,5 millones de dólares por notas periodísticas sobre los procesos por presunto lavado adelantados por fiscalía, las cuales consideró parte de una campaña de desprestigio en su contra que, a su juicio, se inició en 2009 con la publicación de documentos que daban cuenta de fondos provenientes de casas de juego que fueron beneficiadas con concesiones durante su Administración, explicó el diario.
La Prensa recordó que en el 2009 la fiscalía contra la delincuencia organizada abrió una investigación a Pérez Ballaradares porque "la empresa Lucky Games, que obtuvo un contrato de concesión para operar 500 máquinas tragamonedas enviaba dinero sin ninguna justificación a la Shelf Holding, una sociedad familiar del expresidente".
"La demanda se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011, en las que se informa que Pérez Balladares 'podría ser objeto de una segunda investigación penal'por presunto blanqueo de capitales, 'por supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas'", indicó este sábado el rotativo.
El Juzgado Noveno Penal ordenó el sobreseimiento definitivo de la causa contra Pérez Balladares en abril de 2011, un fallo que fue ratificado en agosto de 2017 por el Segundo Tribunal de Justicia de Panamá, indicó el diario panameño.
