Panamá da por hecho la salida del conglomerado hongkonés CK Hutchison de la operación de dos puertos cercanos al Canal, una medida largamente esperada por varios sectores que se ha concretado en medio de presiones de EE.UU. y China, y que ha desatado en el país pedidos de que la anunciada nueva licitación de la concesión portuaria sea abierta y transparente.
El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Suprema de Justicia (CSJ).
Es decir, quedaron anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas en ese sentido presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores.
Una concesión criticada durante décadas
La concesión ha estado rodeada de denuncias de supuesta corrupción y acusada de plasmar condiciones desfavorables y lesivas para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones de PPC.
El analista José Stoute afirmó este viernes a EFE que el de PPC "era uno de los peores contratos que ha firmado la República de Panamá", y que "los señalamientos de amplia y evidente corrupción se remontan al Gobierno de Mireya Moscoso" (1999-2004), que cambió la estructura financiera del convenio para "rebajarle todo" lo que la empresa debía pagar al Estado.
"Nadie derrama una lágrima por Panama Ports, porque ellos no han pagado lo que corresponde", dijo a EFE por su parte el economista y empresario panameño, Felipe Argote.
De lo que "no cabe duda", agregó Stoute, "es de que ese contrato tenía visos de inconstitucionalidad", y también que el final de CK Hutchison en Panamá fue desencadenado por Estados Unidos: "más claro no puede estar", aseguró.
EE.UU., China y la concesión
La presencia del conglomerado hongkonés fue la base de la amenaza de Donald Trump de recuperar el Canal interoceánico, que EE.UU. construyó y administró por más de 80 años en el siglo XX hasta su traspaso a Panamá hace 26 años.
De hecho, Trump consideró un triunfo de su Administración el acuerdo de compra-venta de los dos puertos alcanzado a inicios de 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por el gigante estadounidense BlackRock, en el marco de una transacción global que involucraba más de 40 terminales y casi 23.000 millones de dólares, que fue frenada por Pekín.
"Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China", expresó este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
"El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas", dijo por su parte el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun.
Continuidad operativa con APM Terminals
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de los dos puertos, que seguirán operados por PPC hasta que el fallo del Supremo, que es inapelable, quede "ejecutoriado", lo que a juicio de Stoute ocurrirá "muy pronto".
Ya ejecutoriado el fallo, "comienza un período de transición", en el cual APM Terminals Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de dos puertos.
Esta transición "culmina con una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños", afirmaron Mulino y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
"No es tan fácil como quitarle las llaves" a PPC, alertó Argote, pues hay todo un proceso complejo que cumplir en cuanto a pasivos laborales y la infraestructura, que es de la empresa.
"Lo único que es del Estado es la concesión", recordó.
Una nueva concesión abierta y transparente
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) dijo en un comunicado que considera "indispensable conocer con claridad los parámetros, criterios y plazos que regirán los procesos de nuevas concesiones, así como los lineamientos de los futuros contratos de concesión", unos detalles que aún no se han revelado.
El gremio reclamó así garantías para "una participación abierta y transparente de todos los actores, tanto locales como internacionales" en las licitaciones.
La Cámara "valora positivamente el mensaje" de Mulino de que "se garantizará una transición ordenada y la continuidad de las operaciones portuarias mientras se define una nueva concesión", agregó.
