Se trata de un decreto alcaldicio que data de marzo del 1985, cuando fungía como alcalde Víctor Moreno.
Foto ilustrativa de los invasores. Foto: Eric Montenegro
Foto ilustrativa de los invasores. Foto: Eric Montenegro
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Martes 11 de junio de 2019 12:30 PM

Las autoridades municipales de La Chorrera propusieron reformar el decreto alcaldicio que sanciona con multas de entre B/. 25.00 a B/100.00 o arresto equivalente a quienes participen o propicien invasiones de terrenos nacionales, municipales y privadas.

 

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Se trata de un decreto alcaldicio que data de marzo del 1985, cuando fungía como alcalde Víctor Moreno.

Con la reforma de citado decreto, el municipio busca frenar las invasiones de terrenos nacionales y privados que durante los dos últimos meses se han registrado en este distrito.

En abril pasado, la Casa de Paz del corregimiento de Puerto Caimito, efectuó el desaojo de unas mil familias que habían invadido terrenos de la firma Inversiones Bejuco S.A

Posteriormente, otro grupo de familias invadió terrenos bajo la tutela de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati), colindantes con el Hospital Nicolás Solano y la Ciudad el Niño.

Tomás Velásquez, alcalde de La Chorrera, dijo que ya se pidió a la Anati proceda a interponer  ante la Casa de Paz de Playa Leona, en donde se ubica el predio, la solicitud de desalojo.

Velásquez indicó que desde 2017 se solicitó a la Anati suspender cualquier trámite de adjudicación de estas tierras sobre las cuales se ha planificado construir el edificio de la Gobernación y un complejo deportivo.

Además de la sede del Ministerio de Obras Públicas y la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) junto a un asilo de ancianos y conservar terrenos para ampliar el hospital Nicolás Solano.

 

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El alcalde Velásquez no descartó la posibilidad de solicitar a la Asamblea Nacional se apruebe una ley que sancione de forma severa en el país el  precarismo.

En enero de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 1 de la  Ley 44 del 19 de junio del 2013, el cual incluye sanciones al Código Penal, dirigida a invasores de tierra.

Dicho artículo establecía sanciones de tres años de arresto para quienes invadieran terrenos privados sin autorización.

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