Shawn Blazsek sabía que una serie de conmociones cerebrales de sus días como jugador de fútbol americano y boxeador le estaban empezando a pasar factura. No dormía por días y se olvidaba de cómo atarse los zapatos. De todos modos, quedó anonadado cuando le dijeron que, a sus 33 años, tenía el mal de Alzheimer.
Empezó a planificar quién se ocuparía de sus hijos si algo le pasaba a su esposa y pensó lo duro que sería para sus hijos cuando ya no pudiese reconocer a su familia. Decidió guardar una cantidad de pastillas para dormir en un frasco y se escribió una nota a sí mismo, diciendo que se las debía tomar cuando ya no pudiese recordar los nombres de sus hijos.
Ese día nunca llegó. Nueve meses después, se enteró de que el centro de pérdida de memoria que le había diagnosticado el Alzheimer no tenía una licencia médica ni psicológica. Y otro examen confirmó que no tenía la enfermedad.
Blazsek es una de más de 50 personas que están demandando a la directora de la clínica, ahora cerrada, y a su propietario, diciendo que a ellos también les diagnosticaron erradamente un Alzheimer u otras formas de demencia. La mayoría saben ya que ese diagnóstico no era cierto y los restantes esperan confirmación.
Algunos dicen que se pasaron meses sometidos a tratamientos mientras planeaban sus últimos años. Varios dejaron sus trabajos, vendieron sus pertenencias o hicieron un último viaje especial. Uno se suicidó.
Blazsek no quiso perder el tiempo. Les enseñó a sus hijos cómo medir el aceite del auto y le mostró a su esposa cómo manejaba las finanzas de la casa.
"Estaba preparándola para que criase a nuestros hijos ella sola", comentó.
Calcularon que a lo sumo le quedarían diez años de vida.
"Pensaba que sería una viuda a los 43 años", dijo la esposa, Jennifer. "¿Qué iba a hacer? ¿Quién le iba a enseñar a mis hijos cómo afeitarse? ¿Quién iba a jugar a la pelota con ellos?".
Por ahora no se han radicado cargos contra Sherry-Ann Jenkins, quien abrió el Centro Cognitivo de la Toledo Clinic a principios del 2015. La Toledo Clinic es un centro con más de 150 médicos.
Ninguno de los abogados de ambos bandos dijo si había una investigación penal.
Las demandas dicen que Jenkins, quien tiene un doctorado en ciencias de la psicología, no estaba autorizada a ordenar exámenes médicos y que su esposo, un médico licenciado que es socio de la Toledo Clinic, fue quien firmaba las solicitudes de exámenes y a veces figuraba como el médico del paciente en las facturas a pesar de que no los había visto.
Un abogado de la pareja desistió de responder preguntas sobre la clínica cognitiva, que cerró abruptamente a principios del 2016. Jenkins y su esposo tampoco respondieron a solicitudes de comentarios.
Los demandantes piden compensaciones de más de un millón de dólares cada uno en concepto de daños. El abogado de los Jenkins no cuestiona el que Jenkins no tenía licencia, pero rechaza la mayoría de las acusaciones restantes.
Los pacientes demandaron también a la Toledo Clinic, diciendo que debió haber sabido que Jenkins no tenía la preparación ni los títulos para tratar y diagnosticar pacientes. Michael D'Eramo, director gerente de la Toledo Clinic, dijo que no podía hablar del asunto.
