El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha aclarado que Brasil está obligado a cumplir con las medidas interinas solicitadas por este organismo para que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pueda ejercer sus derechos políticos como candidato mientras se encuentra en prisión.
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En una carta dirigida a los abogados del exmandatario, advierte que no cumplir con las medidas es incompatible con la obligación de respetar de buena fe los procedimientos de las comunicaciones individuales establecidas en el Protocolo Facultativo, del que Brasil es signatario.
La carta se ha conocido hoy y es una respuesta a los letrados de Lula, que solicitaron al Comité que explicasen la naturaleza legal de su petición de medidas interinas.
Persecución política
Los expertos subrayan que el cumplimiento de estos procedimientos es esencial para evitar que se produzcan daños irreparables a la víctima de la supuesta violación.
Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político, indicó ese órgano de Naciones Unidas, que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tribunal Superior Electoral le negó la posibilidad de participar en las elecciones
En esa línea, el Comité pidió a Brasil que no se impida a Lula participar en las próximas elecciones presidenciales hasta que sus recursos ante tribunales del país sean resueltos en procedimientos judiciales justos.
El Comité agrega, además, que las medidas interinas tendrían no solo que aplicarse, sino que deberían mantenerse hasta que el organismo haya decidido sobre el fondo del caso, algo que aún no ha hecho.
Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) negó hace dos semanas la posibilidad al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) de presentarse a las elecciones, una posición que reiteró hoy como respuesta a una apelación de dicha formación.
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Los abogados de Lula denunciaron el pasado mayo ante el Comité de Derechos Humanos al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.
