La diputada Cenobia Vargas manifestó que eliminará el artículo 1 sobre un subsidio, del anteproyecto de ley "Mi resguardo", que crea un programa para la protección de niñas que sean víctimas de delito sexual.
La decisión se toma, luego de opiniones y solicitudes de grupos organizados, que piden se suspenda y archive la iniciativa que buscaba establecer un subsidio de $75.00 para las niñas menores de 12 años de edad, que además de ser víctimas de abuso sexual quedan embarazadas.
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A criterio de Vargas, en primer debate en la Asamblea Nacional se modificará el anteproyecto para eliminar el artículo de subsidio e irán de fondo con la discusión del tema preventivo, que busca se le dé seguimiento a la dirección de los violadores.
El seguimiento que se le va a dar con los trabajadores sociales, obviamente cuando este pederasta condenado salga libre será que se le haga un informe en la DIJ (Dirección de Investigación Judicial), donde se le coloque una perona responsable de él, su dirección, su correo, telefono, placa vehicular y que no pueda vivir a menos de 50 metros de un centro educativo, CAIPI (Centros de Atención Integral a la Primera Infancia), o de un parque recretaivo donde permanezacan niños, sostuvo la parlamentaria.
La parlamentaria reiteró que no ha existido ese seguimiento a lo abusadores sexuales, una vez salen de prisión. Ahora se pretende que las trabajadoras sociales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) puedan levantar esta información sobre dónde están y con quién vive. Eso sí, según Vargas, se insistirá en que si el violador cambia de residencia, lo notifique a las autoridasdes, de no hacerlo será incorporado en el sistema Pele Police para su captura y sanción.
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La primera vicepresidenta de la Asamblea explicó que buscan ser más rigurosos con la ley de seguimiento y prevención para que se puedan dismuir los indices de abuso sexual que susfren nuestros niños panameños.
De acuerdo con Vargas, la esencia de este anteproyecto sigue siendo la prevención.
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La Alianza por la Niñez y la Adolescencia, mediante un comunicado de prensa, indicó su preocupación sobre la iniciativa original y señaló que según estadísticas del Ministerio Público (2018), el 64% de las violaciones reportadas son en niñas, niñoas y adolescentes.
Ese porcentaje representa a 4,015 casos. De ese total, el 91% son menores de edad y adolecentes mujeres.
